La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), advirtió que la excesiva demora en la aprobación de la norma que reemplace al Decreto de Urgencia 003, podría generar un grave riesgo sistémico en la economía y la ruptura de la cadena de pagos en diversos sectores del país.
Afirmó que ello podría generar la peor crisis económica de las últimas décadas. Asbanc exhortó a las autoridades poner “la máxima prioridad” al tema.
“Mostramos nuestra absoluta preocupación por la demora en la aprobación del
proyecto de Ley 2408/2017-PE que reemplazará el DU 003 y
que está referida a asegurar el pago de la reparación civil por los casos de corrupción denunciados y garantizar la continuidad del negocio”, dijo el presidente de Asbanc, Oscar Rivera.
Anotó que el Poder Legislativo no puede eludir su responsabilidad de legislar.
Agregó que, si no se toman medidas rápidas, existe la posibilidad de que se genere un riesgo de crisis sistémica que provoque el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en diversos sectores económicos.
“Ya son casi cuatro semanas desde que el Poder Ejecutivo presentó la propuesta al Legislativo y no vemos ningún resultado”, acotó el representante gremial tras recordar a los legisladores que ya no es posible
una nueva prórroga del DU 003.
Sostuvo que “es imperativo aprobar pronto medidas que eviten la paralización de obras públicas, asociaciones público privadas (APP) y la ruptura de la cadena de pagos. No podemos permitir que por inacción de nuestros congresistas se incremente los índices de desocupación en nuestro país”, puntualizó.
Impacto
De acuerdo a información dada a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
los proyectos que serían afectados son alrededor de 250, los cuales en conjunto significarían un
monto de inversión de 30,000 millones de soles y más de 50,000 empleos solo en las nueve empresas más grandes, de las 40 que están investigadas.
Es tan preocupante la situación, dijo Rivera que, si no se aprueba esta Ley, la economía de los peruanos que viven en 20 de las 24 regiones del país, donde se ejecutaran estas obras, se verán afectados. “Las más afectas serian Piura, La Libertad, Cajamarca, Lima y Arequipa”, acotó.
Proceso lento
Rivera recordó que a mediados de febrero las comisiones de Justicia y Economía del Congreso de la República convocaron a una serie de instituciones públicas y privadas para que opinen sobre el contenido del Proyecto de Ley, entre ellas estuvo Asbanc.
“Aun cuando estábamos de acuerdo con el contenido general del proyecto, decidimos presentar formalmente algunas sugerencias para mejorarlo”, comentó.
Es imperativo hoy llegar a una solución definitiva al problema, dijo, y solo el Poder Legislativo lo puede hacer, si tiene claro que su responsabilidad principal es trabajar por el país.
“El pleno del Parlamento puede y debe declararse en Sesión Permanente hasta aprobar la Ley, y el Ejecutivo, por su parte, debe ya estar trabajando en el reglamento. Y es que, sin éste último, no se puede aplicar la Ley cuando se apruebe”, subrayó.
Exhortación
El presidente de Asbanc, llamó la atención sobre la necesidad de dotar al Ministerio de Justicia de los economistas necesarios para que la adecuada y responsable aplicación de esta nueva Ley.
Por lo pronto, recomendó que “el MEF y/o el BCR podrían prestar a estos profesionales, por la emergencia en que se encuentra la economía del país”.
Rivera añadió que cada día que pasamos sin una regulación en este tema, avanzamos hacia una mayor parálisis económico y lo perdido no se puede recuperar.
Apoyo
Agregó que el sector bancario está listo para
seguir apoyando el crecimiento del país, pero al día de hoy, “están imposibilitados de otorgar cartas fianzas a empresas que a
fronten el riesgo de sufrir medidas cautelares en los procesos de investigación por corrupción".
“Otorgarlas, tal y como están las cosas, sería arriesgar los ahorros de los clientes, porque no habría garantías de que dichas empresas cuenten con la solvencia futura para afrontar sus deudas”, apunto.
En el 2018, dijo, el país se encuentra en una coyuntura bastante atractiva para la inversión en infraestructura pues se ha previsto una inversión de 30 mil millones de soles (en proyectos de inversión pública que están pendiente de adjudicar).
Por ello es importante no seguir dilatando la evaluación y aprobación de esta norma, ya que “las empresas nacionales deben también participar y no perjudicarse por las actividades ilícitas de algunos empresarios”, finalizó.
Cabe recordar el DU 003 se emitió en febrero del año pasado y su vigencia venció el 13 de febrero, pero fue prorrogado por un mes (13 de marzo). A lo largo de su vigencia, los resultados observados fueron mediocres.
“Esto preocupa al sector financiero, pues muestra que dicho dispositivo legal no ha cumplido con su objetivo y requiere ser reemplazado urgentemente por una mejor norma”, finalizó.
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(FIN) RGP
Published: 3/5/2018