Como parte de la estrategia de atracción de inversiones privadas nacionales y extranjeras y su posicionamiento a escala regional, Perú ha establecido un marco general y regímenes que facilitan la inversión privada en los proyectos de inversión público-privada e inversión privada. Uno de esos mecanismos es el convenio de estabilidad jurídica.
De acuerdo con la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), desde la puesta en práctica de este instrumento (
1993) hasta el cierre del 2023 (
en 30 años), se ha suscrito un total de
1,071 convenios de estabilidad jurídica, de los cuales
719 se celebraron con inversionistas comprometiéndose inversión por un monto aproximado de
16,000 millones de dólares y
352 convenios con las empresas receptoras de dicha inversión.
De este total, cinco convenios de estabilidad jurídica se suscribieron el 2023 por más de 61 millones de dólares.
Los inversionistas que suscribieron los convenios desde su implementación (1993) provienen de 50 países diferentes y pertenecen a diversos sectores económicos. Entre los principales países de origen de la inversión se encuentran Perú, Chile, España, Estados Unidos, Colombia, entre otros.
Asimismo, en los últimos años, inversionistas de grandes proyectos han suscrito convenios de este tipo, tales como
Exolum Aviation S.A. de España, con un compromiso de inversión de
28 millones de dólares para la construcción del
Nuevo Sistema de Combustible del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; la empresa
Cosco Shipping Ports Limited de China, por la inversión que realizará en el
Terminal Portuario Chancay; y, en el sector electricidad, resalta la empresa
Celeo Redes S.L. de España, por inversiones en la construcción de la
Línea de Transmisión 138kV Puerto Maldonado-Iberia.
Promotores de la inversión
Los convenios de estabilidad jurídica son instrumentos promotores de inversión que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado peruano, estabilizando las garantías aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, según corresponda, por el periodo de vigencia de éstos.
Tienen calidad de contratos con fuerza de ley, de naturaleza civil y no administrativa, y se pueden dejar sin efecto por acuerdo de las partes. De esta manera, se reduce el riesgo que genera la incertidumbre de desarrollar proyectos a largo plazo en diversos sectores de la economía, pues mejora las condiciones de financiamiento y da mayor predictibilidad a los inversionistas (respecto al rendimiento de sus inversiones).
Desde la perspectiva del Estado, estos convenios permiten que nuevos inversionistas apuesten por Perú, dinamizando la economía en sus zonas de influencia, generando nuevos puestos de trabajo y una mayor recaudación fiscal.
Los convenios con inversionistas extranjeros los firma ProInversión, mientras que los convenios con inversionistas nacionales o empresas receptoras de inversión los firma la entidad promotora y el ministerio (sector al que pertenece el proyecto).
Este tipo de contratos tienen un periodo de vigencia de 10 años, salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia se sujeta al plazo de vigencia de la concesión.
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(FIN) NDP/VLA
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