El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) modificará su Reglamento General de Supervisión con el propósito de fortalecer el ejercicio de su función supervisora de los servicios públicos de telecomunicaciones, en cautela de los derechos de los usuarios y de la calidad de su prestación.
El proyecto de norma, publicado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº096-2021-CD/Osiptel, propone cambios en el reglamento que no ha sido objeto de reformas desde su emisión en el 2015, con tres objetivos principales: el reforzamiento del uso de herramientas informáticas, la promoción de cambios de conducta orientados al cumplimiento de obligaciones y la prevención de faltas por parte de las empresas operadoras, además de la optimización y eficiencia en el uso de recursos del ente regulador.
Entre los cambios que se plantean introducir está la actualización de su denominación a Reglamento General de Fiscalización; también se resalta la ampliación del uso de la conexión remota a los sistemas o bases de datos de las empresas operadoras, que facilitará el acceso a información de manera más oportuna para el análisis y toma de decisiones, así como las condiciones para la entrega de información mediante servidores o plataformas virtuales, tanto por parte de los administrados como por parte del Osiptel.
Adicionalmente, se propone incorporar la supervisión preventiva para anticipar posibles infracciones por parte de las empresas operadoras y promover el cumplimiento oportuno de todas sus obligaciones, además de las acciones correctivas tras su detección.
Para ello, Osiptel podrá disponer el uso de las diversas modalidades y mecanismos de supervisión vigentes en el reglamento, como los requerimientos de información, llamadas de prueba, levantamientos de información, entre otros.
Además, se incluye la definición de “compromisos de mejora”, figura orientada al cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas operadoras, tras la detección de incumplimientos, antes que la aplicación de una sanción.
Con la incorporación de esta figura en el Reglamento General de Fiscalización, se espera expandirla a otros cuerpos normativos para seguir impulsando su aplicación. La propuesta se sustenta en los resultados positivos obtenidos por el ente regulador en beneficio de los usuarios, con el uso de compromisos de mejora en el marco del Reglamento de Calidad.
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