El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sustentó ante el Congreso de la República el presupuesto de su sector para el 2022, por el cual solicita 1,835 millones de soles, suma superior en 47 millones a lo asignado para el 2021.
El ministro explicó que para el ejercicio fiscal 2022 se comprenden los pliegos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), así como de la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
El marco estratégico del sector Justicia, mencionó, está constituido por cinco ejes, articulados con los objetivos del plan estratégico sectorial multianual, siendo los siguientes:
1. Promover el acceso al servicio de justicia a los ciudadanos.
2. Fomentar el respeto a los derechos humanos.
3. Desarrollar una política criminológica centrada en la reinserción social.
4. Promover la defensa jurídica de los intereses del Estado.
5. Fomentar una cultura de legalidad en la sociedad peruana.
Para el 2022, de los 1,835 millones de soles, 500 millones serán destinados para el Ministerio de Justicia, 785 millones para el Inpe, 516 millones para la Superintendencia de los Registros Públicos y 34 millones para la Procuraduría General de la República.