El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, a cargo de la magistrada Sadith Vela Tananta, ordenó 18 meses de prisión preventiva para los presuntos integrantes de la banda criminal los Carachamas, acusados de los delitos de extorsión, secuestro extorsivo y muerte de una menor de 17 años de iniciales L. P. J., perpetrado en la selva de Huánuco.
La decisión fue tomada tras considerar que se cumplían los tres requisitos fundamentales para dictar esta medida: graves y fundados elementos de convicción, pronóstico de pena y peligro procesal.
Los acusados de conformar esta presunta
banda criminal son: Arón Espinoza Palomino, Rodin Brandon Vargas Mateo, Rodrigo Franco Romero Tejada, Vicente Aquino Lino, Delmer Lino Abab, Jonathan Jesús Vacila Silva, José Jesús Agapito Farro, Estefane Milagros Trejo Melgarejo, Miller Hermenegildo Mautino Espinoza, Luis Kleyber Espinoza Palomino y Mayalen Cris Fray Moya.
Según la tesis del Ministerio Público, la víctima salió de su vivienda en Yuyapichis el 5 de enero con dirección a la ciudad de Constitución, donde informó a su padre que pasaría la noche en casa de su enamorado. Al día siguiente, la menor abandonó el domicilio de su pareja alrededor de las 19:30 horas en una motocicleta, indicando que se dirigiría a cenar con su madre.
Sin embargo, el 7 de enero la madre de la menor recibió una llamada de un número desconocido en la que una voz masculina le informó que su hija estaba secuestrada y exigió el pago de 500,000 soles para su liberación. Las llamadas se repitieron a lo largo del día, acompañadas por amenazas. A las 15:09 horas, los secuestradores enviaron un video de 18 segundos a través de WhatsApp, en el que se observa a la menor atada de manos y pies, con un arma apuntando a su cabeza.
A los once investigados se les atribuye la presunta comisión del delito de extorsión en modalidad de secuestro extorsivo, conforme al artículo 200, inciso 9, del Código Penal. Además, se les imputa la comisión del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de banda criminal, tipificado en el artículo 317-B, en agravio de una menor de 17 años y Sebastián Pastrana Rojas, padre de la adolescente.
En su resolución, la magistrada destacó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de los imputados en las etapas del proceso judicial, así como para asegurar los actos de investigación y los resultados de los mismos. Por lo tanto, ordenó el ingreso inmediato de los investigados al centro penitenciario de Pucallpa, donde permanecerán durante el período determinado.
Este caso se encuentra en proceso de investigación y se espera que en los próximos meses se continúen desarrollando los actos judiciales que llevarán a esclarecer la participación de cada uno de los detenidos por los delitos cometidos.