El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobó un dispositivo que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proceder al congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión.
Asimismo, para efectuar otras modificaciones necesarias como resultado del Informe de Evaluación Mutua realizado a Perú por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la modificación de los estándares de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las coordinaciones multisectoriales con las entidades públicas y privadas involucradas.
De esta manera, la UIF podrá congelar administrativamente los fondos o activos por delito de extorsión solicitados por las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, entre otras acciones destinadas a fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada.
Para ello, se incorporan los artículos 8-A, 9-A y 10-A al Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto al congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión; los supuestos de procedencia del congelamiento, y la ejecución y control judicial de este procedimiento.
Además, se modifican los párrafos 15.2 y 15.5 del artículo 15, el párrafo 17.1 del artículo 17, el párrafo 18.1 del artículo 18, el párrafo 21.3 del artículo 21 y el párrafo 39.4 del artículo 39 del referido reglamento.
El dispositivo cuenta con la firma de la Presidenta de la República, Dina Boluarte; así como de los ministros de Economía y Finanzas, José Salardi; y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
(FIN) JCC/CVC
GRM
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Publicado: 26/3/2025