El pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, la iniciativa legislativa que propone la inclusión de intérpretes de lengua de señas en las comisarías y en la formación de la Policía Nacional Nacional (PNP), para garantizar la recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva.
La propuesta modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la PNP.
Así se establece que la PNP coordine con el Programa Aurora (del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Red Alivia Perú), con el Ministerio Público y otras instituciones públicas para que se facilite intérpretes en lengua de señas peruana de manera inmediata para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con limitaciones para la expresión oral.
También se establece incluir en el Plan Curricular de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la enseñanza de la lengua de señas peruana.
De otro lado, la representación nacional aprobó el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de la ley observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 27728, Ley del Martillero Público y la Ley 30229.
Dicha norma adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público.
También se establece la creación de la Cámara del Martillero Público del Perú como un organismo público de derecho privado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que agrupa a todos los martilleros públicos del Perú, con sede en la capital de la República con autonomía administrativa, organizativa, económica y funcional propia según su naturaleza.