Un proyecto de ley para garantizar la intangibilidad, protección integral y preservación permanente de la Zona Arqueológica Caral, que comprenden el conjunto de sitios arqueológicos vinculados a la Civilización Caral, ubicados en la cuenca del río Supe y Huaura, en las provincias de Barranca y Huaura, en Lima, presentó la congresista Silvana Robles Araujo (BS).
La iniciativa precisa que los sitios arqueológicos formalmente delimitados de Caral son: Caral-Chupacigarro; Allpacoto, Era de Pando, Miraya, Lurihuasi y Áspero; Pueblo Nuevo y Cerro Colorado; Piedra
Parada
y
Pando; Ñaupa; Vichama; Chimú Capac; Tacora; Pampa de los Geoglifos de Caral; El Molino, Limán, Peñico, Cerro Blanco, Capilla, Huacache, Jaiva y Llaqta, y Rurihuasi.
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Las áreas delimitadas en los sitios arqueológicos integrantes de la Zona Arqueológica de Caral, patrimonio cultural de la Civilización Caral, y en su ámbito de aplicación, son intangibles, inalienables e imprescriptibles y tienen protección irrestricta y final del Estado”, asegura el proyecto de ley.
Precisa además que el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, estará a cargo de la protección integral y permanente de los sitios arqueológicos vinculados a la Civilización Caral, las zonas de amortiguamiento y espacios colindantes de valor cultural y paisajístico.
“Está facultado para intervenir dentro y fuera del ámbito territorial de influencia de la Civilización Caral y de la Zona Arqueológica Caral, con el fin de identificar, evaluar y delimitar nuevos sitios arqueológicos, en coordinación con las instancias competentes del Ministerio de Cultura y otras entidades públicas”, indica.
Dispone también que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Cultura, asignan anualmente recursos al
Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, a través de su Unidad Ejecutora, la que también administrará sus ingresos directamente recaudados, las donaciones, legados y los provenientes de convenios de cooperación financiera internacional.
Prohibición de licencias y permisos
Del mismo modo, el proyecto de ley prohíbe que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno otorguen licencias, permisos y autorizaciones para la agricultura, habilitaciones urbanas, construcción de infraestructura u otras que pongan en riesgo la integridad y conservación de los yacimientos arqueológicos, el paisaje y el ecosistema de la zona arqueológica.
“La trasgresión de lo establecido acarrea la nulidad de los actos administrativos autoritativos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios que los otorguen”, manifiesta la congresista Silvana Robles.
Excepcionalmente, esas áreas pueden ser afectadas para vivienda o actividades productivas, ejecución de obras, edificaciones u otras intervenciones que no pongan en riesgo la integridad y conservación de los sitios arqueológicos, previa evaluación técnica y autorización expresa de la Unidad Ejecutora.
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En el caso de posesiones u ocupaciones ilegales de áreas donde existan elementos arqueológicos de la Civilización Caral, el Ministerio de Cultura iniciará las acciones administrativas o civiles de desalojo, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan y la reparación de los daños ocasionados a los sitios arqueológicos”, asegura la iniciativa.
En las disposiciones transitorias, el proyecto de ley indica que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos dispone la inscripción a nombre del Estado de los predios delimitados de los sitios arqueológicos de la zona.
La parlamentaria fundamenta su propuesta en que la Zona Arqueológica de Caral, a cargo de la arqueóloga Ruth Shady, ha enfrentado, durante más de tres décadas, amenazas como el deterioro de los monumentos arqueológicos, los escases de recursos presupuestales, la ocupación ilegal y la falta de protección y seguridad.
(FIN) FHG/JCR
JRA
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Publicado: 15/7/2025