El Ministerio de Educación (Minedu) ha separado, entre el 1 de abril de 2024 y el 14 de agosto de 2025, a 1,126 personas (967 docentes y 159 administrativos) con condenas o procesos en el Poder Judicial por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio, entre otros.
Un total de 170 docentes y administrativos con condenas han sido separados definitivamente, en tanto que 956 docentes y administrativos que están siendo procesados han sido separados preventivamente.
De estas personas, 958 (828 docentes y 130 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 84 (71 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo; 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.
Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; 2 docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.
“Desde el Gobierno no vamos a permitir que personas que representen un riesgo para nuestros estudiantes pongan un pie en las escuelas. Por ello, actuamos con decisión para que niños, niñas y adolescentes estudien en entornos seguros y libres de violencia”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.
La separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Separaciones
Durante el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Minedu ha separado del sistema educativo a 2121 docentes y administrativos que tenían sentencias o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, terrorismo, narcotráfico y homicidio, a diferencia de lo obtenido en años anteriores.
Estas medidas buscan garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros para los estudiantes. Además, desde el año 2024, 2389 docentes con procesos administrativos disciplinarios han sido bloqueados en el sistema de administración de plazas, lo que impide que puedan ser contratados en colegios y proteger así la integridad de los alumnos.
Acciones concretas
Estas medidas de protección se complementan con acciones directas en el territorio. En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, el Minedu impulsa redes de protección comunal para resguardar el bienestar de los estudiantes que viven en 18 residencias estudiantiles, con el apoyo de psicólogos, abogados y docentes que monitorean su integridad y seguridad, desarrollando jornadas y actividades socioemocionales orientadas a prevenir la violencia.
Asimismo, la institución destinó más de 3.3 millones de soles en fortalecer la infraestructura de 13 residencias estudiantiles, equipando dormitorios, cocinas, comedores y mobiliario. Inversión que se complementa con 6.7 millones de soles destinados a seis locales educativos que atienden a 1453 estudiantes, principalmente de los pueblos awajún y wampis.