El Subsistema Nacional de Extinción de Dominio del Poder Judicial recuperó en cinco años cerca de 160 millones de dólares a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavados de activos, minería ilegal, tala, trata de personas y otros.
El Poder Judicial, además, dictó 1685 sentencias en primera instancia y 815 en segunda, lo que hace un total de 2500 sentencias en el periodo referido, de acuerdo a este subsistema.
El juez supremo coordinador del subsistema judicial, Manuel Luján Túpez, señalo que un proceso judicial es la primera garantía del ciudadano y la Ley de Extinción de Dominio no significa la expropiación o decomiso de propiedades de quien no tiene ninguna forma de probarlo.
“Al contrario, es la garantía absoluta de que solo la propiedad bien habida será la que debe prevalecer en un Estado constitucional”, remarcó.
Explicó que la extinción de dominio no es una labor sancionatoria o de consecuencia coactiva, sino preventiva y no necesita sentencia previa.
La iniciativa legal, aprobada en primera votación por el pleno del Congreso en diciembre del año pasado, precisa que solo podrán ser incautados los bienes ilícitos cuando haya sentencia penal firme.
La fiscal de la nación, Delia Espinoza, en tanto, consideró que los dineros ilícitos o los patrimonios mal habidos por parte de la criminalidad organizada, ya sea mediante la minería ilegal, trata de personas y otros, generan un gran daño a la sociedad.
“Hay una preocupación, pero también acciones concretas de hacerle frente a la pretendida reformulación de esta ley que implica una destrucción a lo que es la lucha contra la criminalidad organizada en todas sus formas”, expresó Espinoza Valenzuela.
Del mismo modo, se mostró en desacuerdo con que la modificación exija una sentencia firme en tema penal.
“Este cambio legislativo sería un retroceso para la lucha contra la criminalidad y permitiría la impunidad respecto de estos patrimonios y financiamiento ilegales”, resaltó.
(FIN) NDP/FHG/RMCH
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Publicado: 17/2/2025