La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presidió hoy la ceremonia de inicio del Año Fiscal 2025, así como el primer encuentro de presidentes electos de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales para el periodo 2025-2026.
El evento se llevó a cabo en el auditorio principal de la sede central de la institución, con la participación de fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales de los distritos fiscales del país, y coordinadores nacionales.
En la ceremonia, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abordó diversos temas sobre la gestión del Ministerio Público y la situación legal actual. Espinoza destacó que el plan de gestión del Ministerio Público se fundamenta en tres ejes principales: "dirección institucional, gestión administrativa y gestión fiscal".
"Hemos establecido las pautas, lineamientos, procedimientos e incluso responsabilidades de la vocería principal y la vocería delegada, estableciendo los límites de autorización para que los fiscales de cualquier nivel en funciones brinden declaraciones y se presenten ante los medios de comunicación, a fin de garantizar una comunicación institucional ordenada, clara, precisa, congruente y pertinente que contribuya con el fortalecimiento de la imagen y reputación institucional", señaló Espinoza.
En cuanto a las recientes reformas legislativas, Espinoza expresó su preocupación por el impacto de nuevas leyes que, según precisa, afectan la autonomía del Ministerio Público. "Las leyes aprobadas recientemente interfieren con la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público”.
Agregó, además, que
“es por ello que, con la facultad que me otorga la Constitución, el pasado 20 de diciembre de 2024 hemos presentado dos demandas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones, que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz", comentó.
Específicamente, la Fiscal se refirió a la Ley 32107, que regula los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, indicando que la norma "debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra" y también a la Ley 32130 que fortalece la investigación del delito como función de la Policía y agiliza los procesos penales.
Además, destacó la necesidad de mantener el liderazgo del Ministerio Público en la conducción de las investigaciones penales: "Es fundamental que hagamos respetar el marco constitucional garantizando que la Fiscalía conserve su liderazgo en la dirección o conducción de la investigación penal. Es evidente que nos enfrentamos a una campaña masiva de promulgación de leyes que son arbitrarias e inconstitucionales y atentan contra las funciones del Ministerio Público", aseguró Espinoza.
Por otro lado, respecto a la
Ley 32108 y otras leyes de el crimen organizado, la Fiscal subrayó que la ley complica la persecución de delitos cometidos por organizaciones criminales.
"Esta ley dificulta la aplicación operativa del delito, toda vez que exige categorías adicionales para la persecución de un ilícito cometido dentro de una organización criminal, lo cual evidentemente dificulta la labor fiscal para la identificación y sanción de grupos que cometen dichas actividades delictivas generando impunidad", señaló.
Espinoza también criticó las disposiciones que exigen la presencia de un defensor público durante las diligencias de allanamiento, lo que considera innecesario, dado que la presencia fiscal ya garantiza los derechos fundamentales y el debido proceso.
En relación con las reformas legales en curso, Espinoza afirmó que la Fiscalía está trabajando en propuestas legislativas para revertir el impacto negativo de las leyes que considera inconstitucionales.
"Estas normas están siendo revisadas y analizadas por la Fiscalía de la Nación con el apoyo de los fiscales, con la finalidad de presentar las propuestas legislativas correspondientes a cada caso en concreto y de esa manera buscar que se revierta el impacto negativo que vienen ocasionando al sistema de administración de justicia", indicó.
La Fiscal también anunció el fortalecimiento de la modernización digital del Ministerio Público, la modificación de la directiva de convocatoria para personal administrativo, y la creación de nuevas coordinaciones nacionales.
En cuanto a la nueva Coordinación Nacional de Fiscalías Penales, Espinoza explicó que se está avanzando en el reglamento de fiscalías penales a nivel nacional, el cual establecerá lineamientos de desempeño, evaluará el trabajo fiscal y adoptará medidas para fortalecer criterios uniformes en los despachos fiscales.
"Con este reglamento tendremos un avance significativo para garantizar que nuestra labor esté alineada con los estándares más altos de eficiencia y eficacia", concluyó Espinoza.
El evento también incluyó anuncios sobre la creación de una Coordinación Nacional de Fiscalías de Familia, destinada a fortalecer la atención especializada en este ámbito, entre otras cuestiones institucionales.
(FIN) OPG/CVC
JRA
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Publicado: 6/1/2025