En entrevista exclusiva con el Diario Oficial El Peruano, la secretaria de integridad pública, Susana Silva Hasembank, comentó que la consolidación de una política de integridad que priorice el enfoque de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal es el principal reto de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Institución que también alista la presentación de un proyecto de ley para ampliar la obligatoriedad de la entrega de las declaraciones juradas de intereses a los tres niveles de gobierno; y, junto al sector de Educación iniciar campañas de integridad entre los escolares.
- ¿Cuál es la importancia de designar el 2019 como el Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Se busca comprometer a todas las instituciones del Estado en este accionar?
- Exactamente, en realidad una de las cosas que se advirtió es que a pesar de que nuestro país tuvo problemas bastante serios ligados a la corrupción o a hechos que vulneran la ética; nunca se ha establecido de manera prioritaria una política anticorrupción y mucho menos denominado un año como de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Así, se espera visibilizar todos los esfuerzos realizados y lo que se debe efectuar a futuro; y que este tema no solo es del Estado o del Gobierno sino también de la sociedad en su conjunto, todos debemos sumar.
Dado además que desde el año pasado ya se ha venido planteando medidas concretas para incrementar los estándares de integridad, resultaba necesario consolidar esa lucha de modo claro y visible. Más aún cuando empieza una nueva gestión municipal de gobiernos regionales y subnacionales. Por tanto, había que dar un mensaje bastante claro.
- Permitirá también contrarrestar esa tolerancia dañina hacia la corrupción…
- Definitivamente, la idea no solo es visibilizar y orientar el trabajo dentro del Estado sino también en la ciudadanía, en el empresariado, en las personas que caminan por la calle; y esto parte de reconocer como válida por ejemplo la encuesta que siempre presenta Ipsos Apoyo en que dividiendo al país en tres segmentos. Un 7% de personas que se dicen estar muy tolerantes a la corrupción, es decir siempre van a buscar formas de engañar al Estado para obtener beneficios indebidos; al otro extremo, hay 27% de personas que más bien son totalmente intolerantes con la corrupción y siempre la van a denunciar, van a ejercer cualquier acción para evitarla; pero el problema viene con quienes están al centro, que es la mayoría.
En efecto, un 65% de ciudadanos dice tener una tolerancia media a la corrupción y eso significa que las personas, de repente ellas mismas, no van a incurrir en un hecho de corrupción, pero no lo van a denunciar; porque de alguna manera se fue gestando en el tiempo una normalización de la corrupción, y eso es consecuencia de los pocos o débiles mecanismos de sanción, lo cual debemos evitar. El mensaje que tiene que llegar es que eso cuesta significativamente a las personas, las entidades, la familia, la reputación y al futuro.
- ¿La informalidad de la economía es también un insumo para la corrupción?
- Es cierto; nosotros consideramos que hay una relación entre la informalidad y los altos índices de corrupción; de ahí la necesidad de un proceso de mayor formalización porque, claro al final de cuentas cuando se roba dinero al Estado lo están haciendo a todos quienes pagamos impuestos, pero aquellas personas que no lo hacen, no lo sienten porque actúan en la informalidad.
- ¿La aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción significa principalmente una demostración de la prioridad del Gobierno contra este flagelo?
- Sí, definitivamente. Algo que es importante ver es que antes el enfoque estaba muy orientado a lo punitivo; lo cual estaba bien para evitar una alta tolerancia a este flagelo; sin embargo, todas esas medidas deben estar acompañadas de otras para prevenir la corrupción, que incrementen los niveles de integridad en la administración pública; y por eso ahora el plan se denomina Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Confiamos en que esto dará sostenibilidad en el tiempo, que además se construye sobre la base de un cambio de cultura; y, ahí viene la necesidad de mejorar los canales de sanción y al mismo tiempo entender de que existen mecanismos de prevención de la corrupción como la transparencia, la rendición de cuentas y el control interno. Esa es nuestra tarea y el objetivo principal de esta secretaría. Por eso se ha implementado herramientas muy importantes como la declaración jurada de intereses, que es algo inédito; y ya se entregaron 11,000 declaraciones.
- Sin embargo, esta obligatoriedad no alcanza a todos los niveles de gobierno. ¿Presentarán alguna iniciativa para hacerlo exigible al resto del aparato estatal?
- Es cierto, ahora es solo para el Gobierno nacional, pues lamentablemente no obtuvimos las facultades delegadas en ese extremo; sin embargo, ya existe la decisión de ampliar los alcances de esta obligación a todos los estamentos del Estado, pues es necesario tenerlo y visibilizar qué interés personal, político, comercial o financiero representa cada persona, y eso ya lo vamos a tener.
- ¿Esto deberá pasar por el Parlamento Nacional?
- Claro, se está por presentar un proyecto de ley en la materia; tal como lo recomienda además la OCDE, Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales. El objetivo es generar un mecanismo con alcance nacional de declaraciones juradas de intereses.
- A modo de balance, ¿usted afirmaría que existen avances en la lucha contra este flagelo? ¿Qué se ha logrado hasta el momento?
- Quizá puede ser demasiado optimista, pero creo que hoy en día, con el liderazgo que ha mostrado el Gobierno, específicamente el presidente de la República Martín Vizcarra, impulsando medidas muy difíciles en un contexto también muy complicado, orientadas por ejemplo a reformar la administración de justicia y el sistema político, se está empezando a generar una corriente contra la corrupción, que aún no se siente ni se va a materializar quizá en las encuestas de percepción, porque eso sin duda toma su tiempo.
- ¿Pero el cambio hacia una cultura de integridad ya se empieza a gestar?
- De hecho, hoy vemos más empresarios que apuestan por lanzar mensajes de venta de sus productos poniendo el tema del fomento de la integridad, las entidades públicas lo mismo; la gente empieza a sentir que la integridad sí constituye un valor agregado. Aunque esto puede tomar inclusive una generación. Lo importante es mantenerlo y hacerlo sostenible en el tiempo. Nosotros vamos a empezar ya campañas orientadas a escolares.
Dentro de poco todas las entidades que conforman el sistema anticorrupción vamos a apoyar una campaña del Ministerio de Educación que se llama Mejores Peruanos Siempre, que busca resaltar valores de ciudadanía, que son temas que finalmente van a generar una nueva mirada en la ciudadanía, y eso es importante; pero esos cambios no se dan de inmediato. Igual habrá otras campañas dirigidas a los funcionarios públicos para relievar los criterios de servicios en un Estado honesto y moderno, que busca garantizar los mecanismos de honestidad y buen servicio. Observamos también que cada vez más las entidades nos buscan para implementar las oficinas de integridad, lo cual es positivo; no puedo aún medir cuánto ha cambiado, pero sí hay una mayor orientación hacia este enfoque de prevención de la corrupción, de evitar los hechos de corrupción, de anticiparnos.