En una extensa jornada de diálogo, en la presentación del informe "Retos de la Educación Peruana y Propuestas IPAE", representantes del Comité Estratégico de Educación de IPAE expusieron hoy la urgencia de acortar los procesos para el licenciamiento de institutos técnicos, así como transformar el modelo universitario para hacerlo más flexible y acorde con la realidad del país y las demanda del mercado internacional.
El espacio contó con la participación de Jorge Camacho, Director Ejecutivo de PRODEC; Julio Cárdenas, Gerente General del instituto ELITEC; Emma Barrios, Vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital en la Universidad Continental, y Jorge Mori, Director Ejecutivo de CAPPES (Centro para el Análisis de Políticas de Educación Superior).
Burocracia en la educación técnica
Los expertos señalaron que el sector de la educación superior tecnológica enfrenta dificultades derivadas de un sistema de licenciamiento excesivamente complejo y rígido, el cual debería ser revisado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Dentro de la presentación del informe, se discutió la promulgación de la Ley del Instituto de Educación Superior, destacando que en siete años se han licendiado únicamente 160 institutos de los más de mil que existen en el país.
Jorge Camacho, Director Ejecutivo de PRODECU, sostuvo que esa lentitud en el proceso de licenciamiento se debería a la gran cantidad de documentos requeridos, así como a numerosas exigencias de infraestructura que, en muchos casos, resultan desproporcionadas. Puso ejemplo, la obligación de ampliar el ancho de las puertas de las aulas.
"Mientras el Reglamento Nacional de Edificaciones establece 90 cm, el proceso de licenciamiento exige 1 m, lo que obliga a realizar costosas modificaciones en edificaciones que en muchos casos cuentan con decenas de aulas".
Por su parte, Emma Barrios, Vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental destacó que se ha sobrerregulado el sector, limitando la adaptabilidad de herramientas digitales y de inteligencia artificial.
"Tenemos que revisar y eliminar aquellas consideraciones que no tengan sentido práctico, enfocándonos en la propuesta pedagógica, el perfil de los profesores y la vinculación con el mercado laboral", afirmó.
Barrios argumentó que esta sobre-regulación afecta especialmente a los institutos, que en promedio cuentan con 500 estudiantes cada uno, en contraposición a las universidades, con un promedio de 15 mil estudiantes, lo que evidencia la diferencia en tamaño y capacidad de inversión entre ambos tipos de instituciones.
Propuestas de IPAE para optimizar la inversión en educación
Ante este escenario, los expertos concluyeron en diversas propuestas orientadas a mejorar la calidad y competitividad del sistema educativo, entre las que destacan:
1. Simplificación del proceso de licenciamiento:
Se plantea reducir los requerimientos burocráticos y adaptar las exigencias a la realidad de las micro y pequeñas instituciones. La idea es evitar que normas excesivamente detalladas (como modificaciones estructurales innecesarias) impidan que los institutos puedan acceder a la licencia sin incurrir en costos insostenibles.
2.Revisión integral de la normativa universitaria:
Los especialistas hacen énfasis en que la Ley Universitaria cumplió sus objetivos en su momento, pero hoy resulta obsoleta. En este sentido, propone modernizarla para adaptarla al contexto digital y las nuevas formas de enseñanza.
Jorge Mori, Director Ejecutivo de CAPPES, explicó que se debe hacer una revisión integral de la Ley universitaria.
"Para el año 2025, en un contexto de transformación digital, la normativa actual ya ha quedado obsoleta. Es necesario un cambio para mejorar la accesibilidad a los próximos estudiantes y profesionales".
3. Fomento de la educación técnica y vocacional:
Los expertos remarcan la importancia de valorar y promover la educación técnica. Aunque históricamente se ha priorizado la formación universitaria, el mercado laboral demanda cada vez más técnicos especializados.
Se destaca, por ejemplo, que en ciertos sectores –como la construcción de infraestructuras (metro, puertos, proyectos tecnológicos)– la contratación de técnicos es crucial y, en algunos casos, estos profesionales pueden alcanzar remuneraciones competitivas en menos tiempo que sus pares universitarios.
4. Expansión de la oferta educativa y descentralización:
Se sugiere que las universidades, tanto públicas como privadas, exploren la creación de filiales y modalidades de estudio adaptadas a distintas regiones del país. Esto permitiría aumentar el número de vacantes y reducir el impacto de la centralización, especialmente en áreas donde los jóvenes deben emigrar a otras regiones para acceder a una educación de calidad.
5. Fortalecimiento del financiamiento directo a estudiantes:
Ante la limitada cobertura de los actuales mecanismos de financiamiento –como Beca 18 y otros programas–, se propone incrementar estos apoyos. La idea es que un mayor financiamiento directo permita a más estudiantes elegir la institución que mejor responda a sus necesidades y, de esta forma, incentivar una competencia saludable entre las instituciones educativas.
6. Flexibilización de condiciones académicas:
Se plantea eliminar barreras que dificultan la inserción de estudiantes y docentes. Por ejemplo, los especialistas cuestionan la obligatoriedad de cursar cinco años calendario para la obtención del título universitario, lo que penaliza a quienes trabajan y desean acelerar su formación. Asimismo, proponen revisar la exigencia de que los grados de posgrado sean obtenidos de manera presencial, lo cual limita las posibilidades de formación virtual a nivel internacional.
Situación urgente
De acuerdo al ENAHO 2023, sólo tres de cada 10 ciudadanos acceden de forma directa a la educación superior, cifra muy inferior al promedio latinoamericano (46%). Por lo que este déficit de acceso afecta la competitividad del país y limita el desarrollo del capital humano.
Además, la disparidad entre universidades e institutos –con un contraste evidente en cuanto a matrícula y recursos– genera desafíos en términos de equidad y calidad.
Los ponentes señalaron que, sin una revisión de las normativas vigentes, se corre el riesgo de profundizar la crisis educativa, afectando tanto la formación profesional de los jóvenes como el crecimiento económico y social del país.
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(FIN) JRD/KGR
JRA
Publicado: 4/3/2025