Desde el 1 de abril de 2024 hasta el 17 de julio de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) separó a 1,097 personas (944 docentes y 153 administrativos) que tienen condenas o procesos en el Poder Judicial por violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio, entre otros delitos, y que trabajaban en 961 colegios públicos y 136 instituciones educativas privadas.
Un total de 169 docentes y administrativos con condenas han sido separados definitivamente, en tanto que 928 docentes y administrativos que están siendo procesados han sido separados preventivamente.
De estas personas, 931 (807 docentes y 124 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 82 (69 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo; 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.
Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; 2 docentes están siendo procesados por feminicidio y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.
“El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”, afirmó el titular del sector, Morgan Quero.
La separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Además de esta separación de maestros y administrativos, 2472 docentes que cuentan con procesos de investigación abierta por delitos graves, como violación y terrorismo o faltas o infracciones muy graves, han sido bloqueados en el sistema de administración de plazas del sector Educación del país para evitar que sean contratados en alguna institución educativa y pongan en riesgo la integridad física de los estudiantes. De ellos, 470 corresponden a la UGEL Condorcanqui.