El distrito de Taricá, en la provincia de Huaraz, se encuentra en emergencia debido a un incendio forestal de gran magnitud que se inició la mañana del martes 22 de julio en la zona de Pacha, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.
Las autoridades actuaron de inmediato ante este hecho. El personal del Grupo de Intervención Rápida ante Emergencias y Desastres (GIRED) del Gobierno Regional de Áncash, junto con miembros de la Policía Nacional, bomberos voluntarios de la Compañía Santiago Antúnez de Mayolo N.º 84 de Huaraz, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Taricá y pobladores del lugar trabajaron intensamente para sofocar el fuego. No obstante, las llamas se reactivaron en varios puntos al caer la noche.
El
esfuerzo de los brigadistas fue clave para evitar que el incendio forestal alcanzara viviendas cercanas, aunque el siniestro sigue activo y requiere intervención continua.
Este no ha sido el único incendio forestal en la región en los últimos días. El COER Áncash ha reportado otras emergencias similares en distintas provincias. El 20 de julio, un incendio en la quebrada de Jacabamba, en el centro poblado de Ampas, distrito de Huari, destruyó 16 hectáreas de pastizales. Fue extinguido luego de dos días por el personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huari.
El 21 de julio, otro siniestro afectó 3.5 hectáreas de cobertura natural en el caserío de Suyan, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi. La emergencia fue controlada con el apoyo de pobladores y personal de empresas locales, quienes también dispusieron camiones cisterna para las labores de mitigación.
Ante esta situación, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del GORE de Áncash exhortó a la población a evitar las quemas agrícolas, una práctica peligrosa que puede desatar incendios incontrolables y poner en riesgo vidas humanas, zonas agrícolas y ecosistemas naturales. Además, recordó que causar incendios forestales constituye un delito sancionado con penas de entre cuatro a seis años de cárcel.