Más de 14,000 derechos de uso de agua a escala nacional otorgó desde el 2024 a la fecha la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que afirmó que esta medida impacta directamente en la vida de los agricultores de regiones clave como Tumbes, Piura y Lambayeque, donde el agro es motor de empleo y seguridad alimentaria.
La A
NA precisó que solo en el 2024 se otorgaron 10,969 licencias, mientras que
hasta junio del 2025 se han formalizado 3,283 derechos adicionales, registrados en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA). Esta acción representa un avance sustancial en la política de formalización del uso del recurso hídrico y reafirma el
rol de la ANA como ente técnico rector en la gestión del agua en el Perú.
Como parte de este esfuerzo, la
ANA viene implementando un proceso gratuito y simplificado de formalización, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 001-2024-MIDAGRI, el cual se ejecuta a través de sus órganos desconcentrados como las Administraciones Locales de Agua (ALA), con especial atención a las zonas rurales y agrícolas.
“El otorgamiento de licencias de uso de agua es un paso fundamental para asegurar que nuestros agricultores accedan legalmente al recurso hídrico. La formalización no solo protege sus derechos, también los empodera, mejora su productividad y los integra a una gestión moderna del agua. Desde la ANA trabajamos para que el agua no sea solo un recurso, sino una oportunidad de desarrollo sostenible para el agro peruano”, señaló José Musayón, jefe de la Autoridad Nacional del Agua.
Este proceso ha sido especialmente relevante en las regiones de la costa norte, como Piura, Lambayeque y Tumbes, donde miles de familias viven de la agricultura familiar. Con el respaldo de una licencia formal, los agricultores pueden acceder a programas de tecnificación del riego, obras hidráulicas, asistencia técnica y financiamiento agrario, promoviendo un uso más eficiente del recurso y mejorando sus condiciones de vida.
Asimismo, la ANA ha reforzado su presencia territorial mediante las ALA, facilitando los trámites a los usuarios, eliminando barreras burocráticas y trabajando coordinadamente con juntas de usuarios, comunidades campesinas y gobiernos regionales. Este enfoque descentralizado permite que el Estado llegue a los agricultores con soluciones concretas y oportunas.