El consorcio empresarial que desarrolla y construye el megapuerto de Chancay informó hoy que sigue avanzando con las obras para iniciar operaciones en el presente año.
“La empresa trabaja intensamente para iniciar su operación en los próximos meses y contribuir con el cierre de brechas de infraestructura y la optimización de los costos logísticos en beneficio del crecimiento económico y desarrollo de Perú, a través de una inversión privada, sin ningún riesgo para el Estado”, señaló.
El nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay, ubicado en el distrito del mismo nombre (provincia de Huaral), a 80 kilómetros de Lima Metropolitana, es un proyecto de inversión cuyos accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con una participación del 60 % y la peruana Volcan Compañía Minera con 40 %.
“En el 2021 se obtuvieron las autorizaciones finales requeridas por la legislación peruana para el diseño actual del puerto”, explicó Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
“Luego de un exhaustivo y prolongado proceso iniciado en el 2018, estas fueron la base sobre las cuales Cosco Shipping Ports Chancay Perú tomó decisiones sobre la modificación/ampliación de la magnitud del proyecto (más muelles y equipamiento), tecnología a emplearse (la mejor a escala global) y el monto de la inversión (1,300 millones de dólares en su primera etapa)”, agregó.
La empresa indicó que el objetivo no solo es implementar instalaciones portuarias modernas, sino contribuir, conjuntamente con las inversiones de otros actores en Callao y Ancón, en la creación de un hub logístico, industrial y tecnológico en la zona central de Perú, con impacto en el ámbito regional.
“Lamentamos que, en el presente año, próximos a la etapa de operación, el proyecto esté siendo seriamente afectado por un cambio en el esquema normativo y por interpretaciones de parte, que no solo modifican la forma de la prestación de los servicios portuarios, sino además pretenden imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos de titularidad pública (operados o concesionados por el Estado)”, sostuvo.
“Nos hemos visto en la necesidad de iniciar acciones para defender, ante una acción judicial planteada por el Estado, el derecho de Cosco Shipping Ports Chancay Perú a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma en que fueron acordados al inicio de esta inversión”, añadió.
“También buscamos asegurar que la infraestructura enteramente privada que beneficia al público, como el puerto de Chancay, no quiera ser por esto regulada como si fuera una empresa de titularidad pública y “entidad prestadora de servicios públicos” (en la que el Estado debe participar para asegurar su correcto funcionamiento por involucrar un bien público)”, anotó.
Controversia
Cosco Shipping Ports Chancay Perú señaló que ha sido riguroso en evitar pública confrontación sobre los aspectos técnico-jurídicos del proceso judicial iniciado por el Estado, así como en la activación de los mecanismos de solución de controversias establecidos por tratados internacionales sobre la estabilidad y el marco jurídico de las inversiones, habiendo iniciado un procedimiento en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, cuya primera parte tiene como propósito una negociación amigable en el marco del procedimiento establecido por el Estado para este tipo de procesos.
“A la fecha, tres semanas después de notificada la comunicación para inicio del mecanismo invocado, no solo no hemos recibido respuesta alguna de representantes del Estado, sino que funcionarios del Ositran mantienen públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin”, dijo.
“Instamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a implementar el canal institucional de diálogo para solucionar la controversia generada. Creemos que esta es la prioridad que merece el futuro de un puerto que no solo es la inversión privada en infraestructura portuaria más grande que tiene Perú, sino que se constituye en un contribuyente e impulsor para la activación de diversas cadenas productivas que impactan en el desarrollo económico del país. La inversión, motor de dicho desarrollo, requiere de condiciones de estabilidad jurídica y predictibilidad”, agregó.