El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, propuso la firma de un pacto por la seguridad, que garantice que los policías no serán perseguidos judicialmente cuando hagan uso legítimo de sus armas de fuego.
“Solicito la suscripción de un pacto por la seguridad, donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, y que se garantice que los policías que, en uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no serán perseguidos judicialmente, necesitamos eso para continuar en lucha contra la delincuencia y criminalidad”, aseguró.
Durante su participación en la mesa de trabajo por la seguridad ciudadana que organiza el Parlamento, sostuvo que hay policías que se encuentran purgando prisión por el uso de sus armas de fuego y mencionó el caso del policía que fue herido de bala en la cabeza, en San Borja, porque prefirió no usar su arma para no ser denunciado.
Terrorismo urbano
Asimismo, en torno al proyecto de ley para considerar
terrorismo urbano al delito de extorsión y sicariato, Santiváñez indicó que para el Ejecutivo resulta necesaria esa calificación, porque no solo implica elevar las penas para estos delitos, sino la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en la persecución.
En ese sentido dijo que la calificación de terrorismo urbano para los delitos de sicariato y extorsión es necesaria, porque se trata de conductas que ponen en vilo la seguridad del país.
Explicó que si bien la norma señala que las conductas que causan terror o zozobra en la población con los referidos delitos deben ser reprimidas con no menos de 30 años de prisión, se requiere, sin embargo, tipificar esta conducta como terrorismo urbano, porque ello lleva también a un cambio en el sistema de administración de justicia.
“El terrorismo urbano no puede ser perseguido por un fiscal común, sino por un fiscal para delitos de terrorismo; no lo juzga un juez común, sino un juez para delitos de terrorismo; el procurador que representa al Estado es el de terrorismo, y el cabecilla de esta organización puede ser enviado a la Dinoes o a la Base Naval, porque es terrorismo”, refirió.
En ese sentido reiteró que para el Ejecutivo es necesario que sea modificada o revaluada esta figura.
También planteó la modificación del Código Penal para otro tipo de conductas, como la receptación de bienes robados.
Justicia militar
El titular del Interior también planteó revisar la propuesta legislativa que propone que efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean denunciados por actos en cumplimiento de sus funciones, durante la vigencia del estado de emergencia, sean denunciados y procesados en la justicia militar.
Ministerio Público
En la reunión de trabajo sobre la seguridad ciudadana también estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público, Wilberd Espino y Jorge Rosas, quienes expusieron sobre el proyecto de ley de terrorismo urbano. Al respecto, indicaron que está tipificado en el código penal vigente, por lo que no es necesario una nueva ley.
Además, sostuvieron que se requieren leyes reales y efectivas que se sustenten en estudios técnicos y presupuestales; considerando que las cárceles en nuestro país se encuentran hacinadas, lo cual -en muchos casos- propicia el incremento delictivo.
Con relación a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, dijeron que es importante que se restituya el texto de la versión original que contemplaba el Código Procesal Penal.
(FIN) FHG/CVC
GRM
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Publicado: 11/2/2025