Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa del Estado, ratificó que no hubo omisión de funciones frente a la intervención quirúrgica ambulatoria a la que se sometió la mandataria debido a un problema de salud.
El letrado indicó que el tema fue comunicado al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ha manifestado ello, en calidad de testigo, ante la Fiscalía.
Afirmó que la presidenta de la república no tenía el deber u obligación legal o política de informar acerca de esta situación, ya que no existe un reglamento, directiva o norma dentro del ordenamiento nacional que lo exija.
“No existe una norma de carácter expreso que establezca que la presidenta de la república, independientemente del tipo o nivel de cirugía, tenga que comunicar al presidente del Congreso”, señaló Portugal a RPP.
Asimismo, informó que la operación que se realizó a la mandataria obedece a un problema de salud respiratorio que data del año 2011 y que dicha intervención, realizada el 28 de junio de 2024, duró entre 40 a 50 minutos y se efectuó con anestesia local.
“Inmediatamente se le dio el alta, trabajó entre dos a dos horas y media, descansó como cualquier ser humano. Al día siguiente despierta y sigue realizando sus funciones como presidenta de la república”, expresó.
El abogado señaló que se hizo entrega al Ministerio Público de la información del historial médico de la jefa de Estado, correspondiente al caso, así como las opiniones de hasta tres médicos que sugerían la realización de esta operación.
Precisó que, durante el periodo en cuestión, la mandataria firmó aproximadamente 91 dispositivos y, por tanto estuvo, en la capacidad de realizar actividades cognitivas para ejercer actos propios de su función.
"Cuando se le pregunta sobre las normas en general, emitidas durante esos supuestos días de abandono del cargo, la presidenta ratifica que cada una de esas normas que ha firmado son suyas, de puño y letra", expresó el letrado.
(FIN) MCA/CVC
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Publicado: 14/1/2025