Por: Gianmarco Delgado SánchezEn provincia, hay familias que en promedio pagan 500 soles mensuales por abastecerse de agua no segura, mientras que en Lima, los que tenemos la bendición de contar con una conexión destinamos en promedio 35 soles, aseguró la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar.
En una entrevista para el Diario Oficial El Peruano, la ministra instó al Congreso de la República a que debata proyecto de ley del Ejecutivo para cerrar brecha de acceso al vital recurso. Además, descartó intención de su sector de privatizar las empresas prestadoras del servicio (EPS).
–¿Qué acciones emprendió su sector a fin de reducir la brecha de acceso al servicio de agua y saneamiento?
–Lo más importante que estamos promoviendo es la Ley de Acceso Universal al Agua. Es una iniciativa del Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte llevó esta propuesta al Congreso el pasado 28 de julio [de 2023], pero actualmente está “bloqueada” en la Comisión de Vivienda del Parlamento.
–¿Qué es lo que propone esta norma?
–Esta ley toma en cuenta a la población que actualmente no tiene acceso a agua potable de manera formal, a las personas que hoy están sufriendo de anemia, desnutrición crónica infantil, de parasitosis y una serie de enfermedades como el dengue. Lo que se propone es llevar agua mediante soluciones no convencionales a las personas que hoy no la tienen y que deben acceder a ella de manera clandestina.
Podemos llevar tanques elevados que, mediante conexiones a pilones, pueden abastecer a esa comunidad de manera formal, ordenada, con agua de calidad. Para ello se pagaría una tarifa social ,que es lo que demanda la gente. Otra idea es llevar plantas potabilizadoras de agua de lluvia que funcionan con paneles solares, eso lo podemos hacer por medio de esta ley.
–Según los análisis en campo realizados, ¿cuánto más pagan los peruanos al interior del país?
–En provincia, hay familias que en promedio pagan 500 soles mensuales por abastecerse de agua no segura. En Lima, los que tenemos la bendición de contar con una conexión destinamos en promedio 35 soles. Eso es injusticia y es el sistema que tenemos hoy, por eso hay que cambiarlo.
–¿A qué se refiere cuando menciona que la ley está “bloqueada”?
–Por razones ideológicas o personales, la Comisión de Vivienda no dictamina esta propuesta. Ya tiene el predictamen de la Comisión de Descentralización hace meses, pero este grupo de trabajo es la comisión principal. Queremos que tomen conciencia porque se trata de una ley en beneficio de 3.15 millones de peruanos que aún no acceden al agua. Esta es una manera de de reconciliarnos con todas estas personas olvidadas por gobiernos anteriores.
–¿Qué otras medida prevén implementar a corto y mediano plazo?
–Tal como expuse en la interpelación del Congreso, está vigente el Decreto Legislativo 1620, el cual se formuló mediante una delegación de facultades. Esta semana se publicará su reglamento tras discutirlo en Consejo de Ministros.
–¿Cuáles son los principales beneficios de esta ley?
–Los principales beneficios están orientados al fortalecimiento de las empresas prestadoras del servicio (EPS).
Uno de los principales problemas de estas empresas es que están quebradas, no tienen un buen gobierno corporativo, no logran el cierre de la brecha en infraestructura y tampoco dan un buen servicio o un servicio de calidad, entonces, lo que busca este decreto legislativo es revertir esta situación. Para ello hay varias soluciones. Una de ellas es que en las EPS haya una asignación remunerativa basada en méritos y en logros, se plantea que se trabaje con el esquema de buen gobierno corporativo, es decir, que se hagan las auditorías y todo lo que se debe hacer como en cualquier empresa privada.
–Se registraron cuestionamientos por una posible privatización del servicio, ¿es esto correcto?
–Lo que plantea el decreto es concesionar la provisión de agua potable y el servicio de tratamiento de aguas residuales que, por cierto, ya existe.
Lo tiene Sedapal. La concesión no es privatización. En la concesión, el Estado peruano sigue manteniendo sus activos. Remarco que no hay ninguna intención de privatizar el agua. El agua es un bien intangible, no se puede privatizar.
–¿Su cartera ha evaluado la posibilidad de ampliar las fuentes de donde se extrae agua?
–Otra de las reformas sumamente importante de mencionar es que el decreto legislativo mencionado regula un poco mejor el sistema de subastas de agua, es lo que se conoce normalmente como agua en bloque, que es básicamente tener otras fuentes de agua y aquí, en el Perú, se les conoce como desaladoras.
Lima y muchas ciudades del Perú que están en las zonas costeras son desiertos, entonces, la idea es ampliar las fuentes de agua porque se nos viene un cambio climático, donde el estrés hídrico va a ser cada vez mayor. Entonces, tenemos que pensar en nuevas formas de abastecernos de agua potable. Lo que se ha hecho con la norma es ampliar los años de concesión para que pueda ser más atractivo para las empresas.
Tarifas por revisarse
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento asegura que se hará una revisión de las tarifas de agua con el DL 1620, a fin de generar una equidad de pagos. A su criterio, los que consumen más agua deben ser los que más paguen. Para ello, instó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) a que revise el sistema tarifario, para que su cartera pueda desarrollar políticas sociales que permitan establecer subsidios únicamente para la población de bajos recursos y que no paguen costos altos.
Datos
- Peruanos que aún no disponen de agua potable suman alrededor de 3 millones 150,000. La brecha es equivalente al 9.3% del total de la población de Perú.
- Las familias que no cuentan con un servicio de saneamiento representan el 21.5% de la población peruana.
A la fecha, el Estado requiere de 53,000 millones de soles para cerrar la brecha de acceso al agua. Si no se llegaran a ejecutar políticas para revertir la situación, la suma ascendería a 100,000 millones al 2023.
- El pago por consumo promedio mensual de agua es de 52 soles en Lima Metropolitana, mientras que a escala nacional asciende a 30 soles. Sin embargo, en zonas con nulo acceso o acceso informal al servicio la cifra se eleva hasta los 500 soles.
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(FIN) DOP/WRR/SDD
Publicado: 21/5/2024