El juez supremo Angel Romero consideró que no se debe ceder frente al chantaje ni a la amenaza de los delincuentes porque de hacerlo "sería mala señal para la tranquilidad ciudadana".
Así se pronunció en torno a la denuncia del
presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respecto a que mafiosos traficantes de terrenos de la comunidad campesina de Chaparri (Chiclayo) le han advertido que atentarán contra su vida y de su familia.
"La amenaza artera y anónima es propia de delincuentes. De hombres o mujeres que no dan la cara y prefieren las sombras para llevar a cabo sus perversos propósitos de sembrar terror en sus potenciales víctimas. Recurren, generalmente, al teléfono para cumplir su cometido, como puede ser también al mensaje escrito o a la visita de un tercero, enviado por la
delincuencia. En algunos casos logran su propósito; en otros, la amenaza es rechazada con firmeza y valentía, como ha ocurrido, esta semana, con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez", enfatizó Romero Díaz.
En ese sentido, anotó que "los delincuentes no esperaron, seguramente, la respuesta rápida y contundente del representante del Poder Judicial".
"Hay que destacar, sin embargo, la inmediata reacción de la policía de Lambayeque para dar la protección y garantías solicitadas y de la fiscalía de Chiclayo que dispuso la investigación requerida. La seguridad es un derecho que el Estado está obligado a brindar a la población. Para ello, las autoridades pertinentes tienen que activar todas las alertas posibles", remarcó.
Por último, el magistrado alertó que "otros 14 comuneros de Chaparri han sido amenazados de muerte y para ellos se ha solicitado también garantías".
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(FIN) NDP/RES
Publicado: 5/3/2018