El abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, sostuvo hoy que el desastre ecológico por el derrame de petróleo de la empresa Repsol debe constituirse en un ejemplo para garantizar que no haya más impunidad en torno a este tipo de situaciones que ocurren hacen mucho años en la Amazonía peruana.
"Se necesita garantizar que no haya impunidad y, además, que este sea un caso ejemplar", expresó.
Ipenza afirmó que Repsol no puede eludir su responsabilidad por la erupción del volcán Tonga o por la falta de alerta de la Marina de Guerra sobre un posible tsunami, ya que se trata de una responsabilidad administrativa que es objetiva y que implica que una empresa se hace cargo de la actividad que desarrolla.
Además de ello, recordó que el 2019 Repsol anunció públicamente sobre la instalación de una monoboya que le daría independencia respecto de la información que recibían del Estado sobre el oleaje en la costa peruana.
Segundo derrame
Sobre el
segundo derrame de Repsol reportado hoy, el abogado señaló que podría llevar a un nuevo proceso administrativo sancionador que implicaría una segunda multa.
Al respecto dijo que este caso pone en el tapete nuevamente si la multinacional cuenta con un plan de contingencia para evitar este tipo de situaciones.
"Creo que este segundo hecho no denota la gravedad del primero, pero sí es susceptible del inicio de un proceso administrativo a cargo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental", refirió.
Ipenza indicó que la normativa del país permite iniciar procesos contra Repsol por responsabilidades penales, civiles y administrativas y que el Estado debería tener la posibilidad de aplicar todas juntas.
"Desde autoridades de fiscalización como OEFA, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- Sernanp y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) pueden iniciar procesos administrativos sancionadores", comentó.
Por otro lado, dijo, está el tema penal, donde la Fiscalía Ambiental ya inició investigación contra representantes legales de la empresa y por último la vía civil, donde afectados como los pescadores pueden reclamar ante un juez civil.
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