La presidenta de la Corte del Callao, Teresa Soto Gordon, reveló que varios jueces incluidos en la investigación por el denominado caso de corrupción "Los Cuellos blancos del puerto" continúan ejerciendo su función jurisdiccional debido a que aún no han sido procesados.
"No tengo esa precisión, hay varios (jueces) (…) No han sido todavía procesados, están en investigación en el Ministerio Público (…) Ellos no han sido separados de sus cargos (…) La presunción de inocencia es un derecho constitucional", sostuvo la magistrada en Radio Nacional.
En ese sentido, remarcó que es al Ministerio Público al que le corresponde establecer si los magistrados o trabajadores, incluidos en la investigación, son responsables de algún ilícito penal.
"En tanto no sea así para mí son magistrados y trabajadores correctos", aseveró.
Al ser consultada sobre si esta investigación por el referido caso de corrupción no es un ápice para que estos magistrados del Callao sean separados de sus cargos, en tanto duran las diligencias, la titular de la Corte del Callao subrayó que este escenario puede establecerse "salvo que lo pida al juez".
Gestión
Teresa Soto Gordon resaltó que en lo que va de su gestión, iniciada el 3 de enero del presente año, no se ha detectado a ningún juez en actos irregulares o que hayan sido denunciados ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).
"Hasta la fecha ninguno que yo tenga conocimiento. Lo que tengo conocimiento son las investigaciones de los años anteriores, desde el 2018", acotó.
Unidad de Flagrancia
En otro momento, destacó que desde la inauguración de la Unidad de Flagrancia en este distrito judicial, ocurrida el 25 de septiembre, se registraron 15 requerimientos de la fiscalía, de los cuales dos han sido por procesos inmediatos en flagrancia.
"El primero se produjo el mismo día, el 25 de septiembre, dentro de las 24 horas el juez de investigación preparatoria dictó la sentencia por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple condenando o imponiendo una pena de 2 años de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 500 soles", manifestó.
La magistrada detalló que en el otro proceso referido al delito de tráfico de drogas se impuso una pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva y un pago de reparación civil por 500 soles. "Este último caso trata de dos ciudadanos mexicanos que pretendían trasladar droga a su país natal", puntualizó.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 30/9/2023