En la seguridad alimentaria y la nutrición, los alimentos de origen acuáticos tienen un reconocimiento cada vez mayor por la función esencial que desempeñan no solo como fuente de proteínas, sino también como proveedores únicos y extremadamente diversos de ácidos grasos omega-3 y micronutrientes biodisponibles esenciales.
De acuerdo con el informe ‘El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022’ de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la priorización y una mejor integración del pescado y los productos pesqueros en las estrategias y políticas mundiales, regionales y nacionales relacionadas con los sistemas alimentarios deberían constituir una parte esencial de la transformación necesaria de nuestros sistemas agroalimentarios.
En ese contexto, añade, la acuicultura tiene un gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial, pero el crecimiento debe ser sostenible.
La FAO prevé que al 2023 la pesca y la acuicultura registrarán un aumento en la producción, el consumo y el comercio, aunque a ritmos de crecimiento más lentos. “Se espera que la producción total de animales acuáticos alcance los 202 millones de toneladas en el 2030, gracias principalmente a un crecimiento sostenido de la acuicultura”.
Competitividad
El Perú no es ajeno a esta tendencia y busca aprovechar sus recursos naturales. Con el objetivo de aumentar la competitividad, la inversión y la innovación tecnológica de la actividad acuícola en el país, la semana pasada el Poder Ejecutivo publicó, mediante Decreto Supremo N° 001-2023-Produce, la Política Nacional de Acuicultura al 2030.
La Política Nacional de Acuicultura al 2030 será implementada con la participación de las diferentes dependencias públicas y privadas vinculadas con el desarrollo de la actividad, en los tres niveles de gobierno, precisa la viceministra de Pesca y Acuicultura, Desilú León Chempén, en declaraciones al Suplemento Económika del Diario El Peruano.
Estas entidades velarán por el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos para superar la limitada competitividad de la cadena de valor de la actividad acuícola, y desarrollar una acuicultura sostenible, resiliente al cambio climático y diversificada, incrementando el valor de sus ventas totales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de la población.
La habilitación de esta política y de los servicios determinados para alcanzar los objetivos prioritarios requerirá de un gran esfuerzo de los gobiernos central y regionales, los que deben considerar en sus presupuestos anuales los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades previstas, de acuerdo a su ámbito jurisdiccional.
Para este año, el Ministerio de la Producción (Produce) tiene en su presupuesto la asignación de recursos para habilitar algunas de las actividades que se encuentran en el plan operativo institucional, asegura la viceministra.
Impacto
Los cambios por alcanzar con el cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos permitirán el potenciamiento del desarrollo de la acuicultura en sus tres categorías productivas: Acuicultura de Recursos Limitados (Arel), Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE) a escala nacional
Con ello se logrará que en el 2030 podamos contar con una actividad competitiva, diversificada, sostenible y que pueda adaptarse y ser resiliente a los efectos del cambio climático que afectan al país; permitiendo de este modo un incremento considerable de los volúmenes de producción y niveles de venta superiores al 100%, sostiene la viceministra León.
“Asimismo, se buscará aumentar el porcentaje de participación en la producción acuícola de América Latina y el Caribe en más de un 50%, convirtiendo al Perú en el quinto productor acuícola de América Latina y el Caribe”, proyecta.
Beneficios
Si bien, la implementación de la Política Nacional de Acuicultura al 2030 se efectuará de manera progresiva, los servicios establecidos para el logro de cada objetivo prioritario tienen un alcance nacional, y están orientados a fortalecer la institucionalidad sectorial, aumentar la capacidad de I+D+i, consolidar la participación de las empresas acuícolas en el mercado, incrementar las inversiones y fortalecer la sostenibilidad de la actividad.
De acuerdo con la viceministra León, en la actualidad hay más de 13,400 derechos acuícolas otorgados para el desarrollo de la acuicultura a escala nacional, se espera superar en más de 70% las cifras actuales, con lo cual se pasaría a 21,000 al 2030.
Se beneficiarán la consolidación y el crecimiento de empleos generados por la actividad acuícola para pasar a 140,000 puestos de trabajo directos e indirectos.
En el 2030, el 90% la producción de animales acuáticos se destinará al consumo humano, lo que implica un incremento del 15% en comparación con el 2020, según la FAO.
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