Durante el 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), bajo el liderazgo del ministro Eduardo Arana, reafirmó su compromiso para fortalecer los servicios del sector en beneficio de la ciudadanía, en especial, de las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, a través de sus programas, direcciones y organismos adscritos llegó a todos los rincones del Perú para acercar los servicios del Estado a todos los peruanos impactando positivamente para resolver sus problemas reales con la protección de los derechos fundamentales y asegurando el acceso a una justicia inclusiva.
Entre los principales logros alcanzados este año se destaca la
aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la formulación de la
Política Nacional Multisectorial del Sistema de Justicia, herramientas clave para modernizar y fortalecer el acceso a la justicia en el Perú.
Asimismo, aseguró el pago de 255 millones de soles reparación civil a favor del Estado por actos de corrupción, lo que permitirá fortalecer instituciones anticorrupción para prevenir futuros actos ilícitos, así como los programas sociales en beneficio de la población.
Además, con el objetivo garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país, se presentó la décimo novena edición oficial de la Constitución Política del Perú, adaptada por primera vez a un lenguaje sencillo, para su fácil comprensión por parte de la ciudadanía.
Derechos Humanos
De igual manera, se atendieron a 2,248 familiares de personas desaparecidas, se realizaron 58 exhumaciones, se analizaron 251 perfiles genéticos y se actualizó el registro de 22,626 personas no habidas.
Además, bajo el firme compromiso del Gobierno con las víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000, las reparaciones económicas del Minjusdh crecieron 375 % con más de 700 personas atendidas.
Por su parte, la Dirección General de Derechos Humanos, también protegió a 182 defensores de derechos humanos y presentó el portal de personas defensoras en riesgo, para reportar, monitorear y dar seguimiento a situaciones que puedan poner en peligro la vida e integridad de quienes desempeñan una labor fundamental en la defensa de los derechos humanos.
Defensa Pública
Del mismo modo, a través del estudio jurídico gratuito más grande del país que es la Defensa Pública, este 2024 se logró más de un millón de atenciones legales y la recuperación de 62 millones de soles en pensiones de alimentos y reparaciones civiles.
En esa línea, mediante los centros Alegra y Mega Alegra con enfoque intercultural, se realizaron más de 25,000 atenciones. Y a fin de seguir llegando a más peruanos, se inauguraron nueve de estos centros en Junín, Lima, Huánuco, San Martín, Tacna y Apurímac. Es importante destacar también que, los defensores públicos atendieron más de 11 mil casos de flagrancia, consolidando un sistema más ágil y efectivo.
Como parte de la nueva visión de este Gobierno con una nueva política pública para resolver los problemas de la ciudadanía, el Minjusdh logró un hito histórico al suscribir el primer convenio con la empresa privada, a través de Obras por Impuestos, que permitirá la construcción de una sede de la Defensa Pública en Chumbivilcas, Cusco.
En esa misma línea, la política de la gestión del ministro Eduardo Arana hizo énfasis en que los peruanos conozcan sus derechos tanto civiles, penales, humanos, entre otros.
Por lo que, mediante el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, se capacitó a 316,567 personas a nivel nacional, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, secigristas y ciudadanía en general, a través de 1,162 eventos como cursos, seminarios, talleres, conferencias y otros en la modalidad virtual y presencial.
Infraestructura penitenciaria
Asimismo, a fin de disminuir el futuro hacinamiento de los centros juveniles y establecimientos penitenciarios del país, este 2024 la intervención preventiva "Cambiando Rumbos" del ministerio atendió a 209 adolescentes y jóvenes con alto riesgo de cometer infracciones.
Durante este año también se apreció un avance significativo en la reducción del hacinamiento con la construcción de nueva infraestructura penitenciaria que corresponden a 224 nuevas unidades de albergue en Puno, 208 en Lampa y 208 en Iquitos, generando más de 600 nuevos espacios. También se construyó el área especializada para internos con TBC en Chimbote y un taller que beneficia a 111 personas.
En ese marco, combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad también fue un pilar de esta gestión, por eso a través del INPE, se realizaron 5,700 requisas en penales a nivel nacional a fin de evitar actividades ilícitas dentro de los mismos.
A esto se le suma el traslado de más de 2,000 internos de alta peligrosidad a otras cárceles, para evitar que vulneren la seguridad de sus penales de origen. Igualmente, se puso a servicio del país a 450 nuevos agentes penitenciarios en el mes de diciembre.
En esa línea, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) atendió a 6,995 adolescentes en conflicto con la ley penal, mejorando así su calidad de vida y disminuyendo la probabilidad de reincidencia. Además, alcanzó la inserción laboral de 533 gracias a alianzas con entidades públicas y privadas y la reinserción al sistema educativo de otros 3,144 adolescentes.
Sunarp
Por otro lado, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) destacó por su labor de acercar los servicios registrales a más ciudadanos, digitalizándose cada vez más este 2024 con más de 7 millones de visualizaciones gratuitas de partidas registrales, 25 mil TIVe sin costo, 97 millones de publicidad emitida e inaugurando 123 agentes Sunarp en municipalidades, notarias y colegios profesionales, incluso, en zonas de frontera como Papayal (Piura), Yarada (Tacna), Ramón Castilla y Putumayo (Loreto).
Respecto al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), logró recaudar más de 15 millones de soles a través de 8 subastas públicas que servirán para luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada.
De igual manera, asignó 579 bienes a entidades que luchan contra el crimen organizado, lo que representa un 28 % más que en el 2023.
Asimismo, entregó 986 bienes en custodia temporal, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura y recursos en instituciones del Estado. Realizó también la neutralización de 84 toneladas de insumos químicos, reduciendo riesgos ambientales y mejorando la gestión de bienes incautados. Este adscrito al Minjusdh alcanzó además, un logro significativo en gestión, al aprobar por primera vez 10 lineamientos y una directiva para transparentar sus procesos en la administración de bienes incautados.
“Este año hemos demostrado que con compromiso y una estrategia sectorial se pueden lograr avances importantes para la justicia en el país. Seguiremos trabajando para que esta sea accesible, equitativa y eficiente para todos los peruanos”, señaló el ministro.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 28/12/2024