La Defensoría del Pueblo solicitó, mediante oficio, a la empresa Petroperú que informe sobre la causa que originó el derrame de petróleo en el mar del distrito de Lobitos, provincia de Talara, así como las acciones de respuesta inmediata o plan de contingencia que activaron para atender esta emergencia ambiental y socioeconómica.
Luego de ocurrido el derrame de petróleo, el sábado 21 de diciembre, personal de la Defensoría del Pueblo en Piura supervisó la playa Las Capullas, ubicada a 10 kilómetros al norte de la refinería de Talara, en donde se detectó arena con manchas de color negro con olor a petróleo. Asimismo, se tomó conocimiento que cinco playas del distrito de Lobitos fueron afectadas.
La Defensoría del Pueblo indicó que, si bien Petroperú informó que dispuso inmediatamente acciones de limpieza y activación de su protocolo de contingencia para atender la emergencia, se ha solicitado que informe sobre las medidas que efectuarán para resarcir los daños ocasionados al medio ambiente.
Asimismo, la Oficina Defensorial de Piura solicitó a la Oficina Desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitir información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizados. Y en caso se cuente con los resultados de los análisis realizados, proporcionar el informe correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
“Si bien OEFA precisó que el área afectada asciende a 10 000 metros cuadrados y que realizó acciones de supervisión junto con la Capitanía del Puerto de Talara para verificar los hechos materia de emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado es preciso corroborar las acciones de primera respuesta por parte de Petroperú, así como la recolección de muestras de agua superficial de mar y sedimentos, que serían analizadas por un laboratorio acreditado”, subrayó la Defensoría del Pueblo.
“Para la Defensoría del Pueblo, el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado implica obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Asimismo, tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente”, enfatizó la institución.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseveró que se mantendrá vigilante de la implementación de las acciones que ejecutan las entidades locales, regionales y nacionales para atender esta preocupante problemática que afecta los derechos de las personas y al medio ambiente en Talara.
(FIN) NDP/LZD