La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la labor de supervisión desarrollada en los últimos días que concluye con el pedido al Congreso de la República para que debata, en el más breve plazo, los proyectos de ley en los que se recomienda dejar sin efecto la Ley 31973, Ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre.
Esta exhortación se produce ante la
grave situación generada por los incendios forestales, que dejan hasta el momento 16 personas fallecidas, 140 heridos y 1876 afectados en sus medios de vida, así como 216 viviendas y miles de hectáreas de cultivos, pastizales y bosques destruidos,
Como parte del informe, la Defensoría del Pueblo advierte con preocupación que la Ley 31973 exime a los propietarios de terrenos privados con títulos o constancias de posesión anteriores a esta ley, de realizar estudios de suelo y solicitar autorización precisamente para cambiar el uso del suelo.
Ello, sin considerar que la conservación y el uso sostenible de los bosques son pilares fundamentales para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el bienestar de los pueblos indígenas.
"En consecuencia, al exonerar a los agricultores de realizar estudios de suelo y de contar con la autorización para que puedan proceder con el cambio de uso de suelo, se debilita la capacidad del Estado para evitar la deforestación y proteger los ecosistemas forestales", refiere.
"Asimismo, se valida la deforestación existente y se facilitan nuevos procesos de conversión de bosques en tierras agrícolas, fomentando prácticas ilegales y destructivas para el medio ambiente como la quema de bosques y pastizales para ampliar la frontera agrícola”, agrega.
Ante ello, el informe exhorta al Legislativo a debatir el dictamen recaído en los proyectos de ley 6788, 6812, 6890 y 6958/2023-CR, los mismos que han sido aprobados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
De otro lado, se advierte también que el presupuesto inicial de 7 millones 505,986 soles asignado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), como parte de la partida 0068, sobre reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, fue posteriormente reducido por dicha entidad a solo 2 millones 685,762 soles, de los cuales se ha ejecutado hasta el momento solo el 67.5 %.
Se precisa que esta disminución sustancial del presupuesto requerido para ejecutar acciones de prevención incide directamente en la falta de información que manejan los agricultores y pobladores rurales, quienes precisamente continúan realizando prácticas de quema para habilitar sus chacras de cultivo, con el consiguiente riesgo de provocar incendios forestales.
Ante ello, desde la Defensoría del Pueblo se exhorta a Serfor y a los gobiernos regionales y locales a recuperar las áreas afectadas por los incendios y a no permitir que se instalen otros usos, como las actividades agropecuarias.
De otro lado, al concluir que el Estado carece de liderazgo y requiere de una estrategia nacional para prevenir y controlar los incendios forestales en los tres niveles de gobierno, se reitera el pedido al Ministerio del Ambiente para que declare el Estado de Emergencia Ambiental para una remediación integral de las áreas afectadas, sin perjuicio de priorizar la elaboración y aprobación del reglamento de la nueva Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental.
Además, se precisa la obligación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público de impulsar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la quema de los bosques y otras formaciones boscosas.
El Informe Defensorial 225 “
Informe de Supervisión en el marco de los Incendios Forestales 2024: Impacto, Responsabilidad y Vulneración de Derechos Fundamentales” puede ser leído en su totalidad en el
siguiente enlace.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 20/9/2024