Gobierno busca que más peruanos tengan agua potable con EPS sólidas [Entrevista]

–Tanto el Decreto Legislativo 1620 que busca modificar el Decreto Legislativo 1280, que era la norma  que regulaba el sector, y la Ley de Acceso Universal al Agua (LAU) son dos reformas estructurales que están asociadas, son diferentes, pero se complementan. 

Lo que busca la Ley de Acceso Universal al Agua es dar el recurso por medio de soluciones no convencionales a 3.15 millones de peruanos que hoy acceden al agua, pero de manera insegura. Lo que introduce esta ley es que la propuesta de soluciones integrales se financie mediante diferentes mecanismos y para eso hemos reactivado el Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS). La idea es que funcione como un Fondo de Compensación Social Eléctrica o (FOSE) o un Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). 

Es decir, es un fondo que se puede alimentar de diferentes fuentes de financiamiento. También hemos introducido el subsidio cruzado y el subsidio inteligente, que también está en el Decreto Legislativo 1620. 

–Que quienes más consumen y tienen en términos económicos, subsidien con hasta un 3% en el caso de los domicilios y hasta un 4% en el caso de los no domiciliarios, es decir, industrias, empresas, entre otros. Esos porcentajes van a ir al FIAS y con ese dinero podremos desarrollar en los próximos cuatro años ,de manera progresiva y escalonada, que 3.15 millones de personas puedan acceder al agua. Pero también se establece, que obviamente, por medio de estas soluciones no convencionales la población vulnerable pague un porcentaje de la tarifa fijada por el regulador. La población quiere agua de calidad a una tarifa justa. 

Todos esperamos la conexión domiciliaria, por algo se llama universal, pero mientras llega el servicio universal que demora años como en el caso de Jicamarca, que tomó 20 años, la decisión del Gobierno es que cuenten con una forma alternativa y segura de poder proveerse de agua, esa es básicamente la LAU, que tengan agua de mejor calidad, de manera oportuna, con una provisión constante y segura. 

Mientras se dota de manera alternativa de agua, no solo se cumple con la Constitución que señala que el acceso al agua es un derecho fundamental, sino porque según la propia Naciones Unidas el 50% de la causa de anemia en el Perú se debe a que no tenemos agua potable y un sistema de saneamiento correcto, entonces si realmente queremos combatir la anemia, tenemos que ir a la una de las causas del problema, que es la falta de agua. La anemia, la desnutrición crónica infantil, la parasitosis, están ligadas. Los niños que no toman agua potable contraen parasitosis y se vuelven desnutridos de manera crónica y de ahí viene la anemia. 

Un niño desnutrido que va al colegio y no aprende, no asimila y por lo tanto cuando llega a la edad adulta de trabajar no va a ser competitivo. 

–La LAU regulará a aquellas familias que carecen del servicio universal porque no tienen una conexión, y el DL 1620 más bien está destinado a todas aquellas familias que sí tienen el servicio universal, donde el principal actor son las EPS porque potabilizan el agua que distribuyen y lo mismo con el servicio de saneamiento. 

Estamos proponiendo una batería de reformas que permitan que esta EPS sean más eficientes, hay que exigirles que tengan un buen gobierno corporativo que premie la meritocracia, que haya una mejor gestión del agua no facturada y que hagan las inversiones que tienen que hacer, que paguen el mantenimiento y la operación de la infraestructura. 

El Decreto Legislativo 1620 propone que haya un rebalanceo y una mejora en la forma como se calculan las tarifas, no le estamos diciendo a Sunass cómo tiene que calcular las tarifas, lo que estamos diciendo es, por favor, consideren ciertos criterios para calcular la tarifa. 

Nosotros no nos metemos en la estructuración de la tarifa, no nos corresponde, para eso está el regulador.

–Exactamente porque si las empresas están quebradas, ¿Quién va a dar el servicio? 

Se necesitan empresas fuertes que funcionen como una empresa eficiente, que otorguen un buen servicio. Entonces, el DL 1620 lo que busca es fortalecer y hacer que las empresas prestadoras de saneamiento funcionen mejor y que sean más eficientes. 

La ministra Pérez de Cuéllar descarta categóricamente las críticas a las reformas para las EPS aclarando algunos mitos que se han difundido. 

En primer lugar, aclara que “no habrá tarifazos, eso es totalmente falso, más bien se busca actuar de manera responsable pensando en las generaciones futuras con un aumento progresivo, porque  llegará un momento en que el sistema actual no dará más”.  

Luego explica que no es cierto cuando se afirma que el aumento de tarifas, de darse el caso, afectará a las familias más pobres y a los vulnerables los volverá pobres. “Eso no sucederá porque se busca un equilibrio en las tarifas”.

Cuando se afirma que las tarifas pagarán a EPS ineficientes, la ministra comentó que no es cierto porque se busca que sean más eficientes. 

Sobre la “privatización de la EPS”, dijo que es totalmente falso, porque en el DL 1620 no se establece ninguna privatización, más bien con empresas públicas robustas se aleja el fantasma de la privatización. El reglamento de la norma precisa que “las acciones de Sedapal no pueden ser transferidas al sector privado”. 

- La privatización de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), como Sedapal, está descartada y, por el contrario, se busca tener empresas públicas más eficientes.

- En las regiones  Apurímac, Amazonas, Huancayo, Huánuco, Chimbote, Cusco, la diferencia del pago por el agua potable entre la población de altos ingresos y bajos ingresos está en el orden de 10, 20 y 50 céntimos mensuales. 

- La diferencia es abismal, entre quienes reciben agua potable y los que no lo tienen. Una familia con conexión domiciliaria por 16 metros cúbicos paga 50 soles, mientras que otras compran cuatro metros cúbicos a 100 soles. 

Objetivo. Lo que busca la Ley de Acceso Universal al Agua es dar el recurso por medio de soluciones no convencionales, explicó.

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