En Perú, los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes están garantizados por la legislación nacional e internacional, con el objetivo de promover su bienestar y desarrollo integral, informó Letty Guzmán López, supervisora de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
En cuanto a los derechos de los menores de edad, la especialista explicó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño como el marco normativo internacional en la materia. Este documento consta de 54 artículos que establecen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.
Entre los derechos de los niños y adolescentes se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad, a la identidad, a la protección, a la educación, así como a la recreación, a la salud, a la libertad de expresión, a la integración social y a tener una familia.
Asimismo, tienen el deber de estudiar, respetar a los padres y a todas las personas, también a cuidar el medio ambiente, entre otros.
Guzmán señaló que uno de los derechos principales es el de alimentos, que el padre sea consciente y cumpla con los derechos del niño. Este cumplimiento abarca aspectos como la salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta y recreación, lo que va a permitir que el menor se desarrolle de manera óptima.
Respecto al derecho a la educación, la abogada indicó que esta debe darse dentro de la misma familia, basada en valores y buenas costumbres, además de garantizar que el menor cuente con los recursos necesarios.
Sobre el derecho a la salud, los niños tienen este derecho desde su nacimiento, así como a recibir atención médica y a ser cuidados cuando están enfermos. En este aspecto, el Estado puede brindar dicho servicio a través de un seguro, ya sea público o privado.
La supervisora de Defensa de Víctimas también resaltó que el Estado protege a los niñas, niños y adolescentes ante todo tipo de violencia. Para ello, se puede presentar una denuncia, ya sea de manera verbal o escrita, ante la Policía o el Poder Judicial. Asimismo, esta denuncia también puede ser interpuesta ante el Ministerio Público.
En esa línea, la Defensa Pública no solo acompaña en el proceso legal, sino que cuenta con un equipo multidisciplinario que en el momento le pueden dar el soporte que necesita.
La supervisora detalló que la función es coadyuvar en todo el proceso, desde la denuncia, participando en todas las diligencias y audiencias, hasta lograr una sentencia que pueda condenar el hecho y conseguir una reparación civil acorde al daño que se ha causado.
Existen distintas vías para acceder a la defensa pública, por ejemplo, acudiendo de manera presencial a cualquiera de las 34 direcciones distritales, a nivel nacional, conformada por profesionales que pueden brindar la asesoría legal gratuita.
También se puede acceder a través de la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita, que deriva el caso a la competencia territorial correspondiente para su debida atención.