El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abogó este viernes por castigar a militares y funcionarios involucrados en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, tras un informe oficial que señala la responsabilidad de agentes del Estado.
"Dar a conocer la verdad y castigar a los responsables fortalece a las instituciones", dijo el mandatario izquierdista en rueda de prensa, luego de que el jueves se conociera el reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un "crimen de Estado".
El documento asegura que militares y funcionarios, por sus "acciones, omisiones o participación", permitieron el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por parte del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
"Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país", añadió López Obrador en la ciudad de Tijuana (norte).
No se ha informado el rango de los uniformados o si siguen activos. Previo a su difusión pública, el mandatario escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas.
"Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza", comentó.
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
No debilita a FFAA
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.
En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente mexicano sostuvo que la participación de "malos servidores públicos" en los hechos de Ayotzinapa no supone el "mal funcionamiento de una institución", más aun "si se hace el deslinde y se castiga a los responsables".
A su juicio, las revelaciones de la comisión fortalecen al Ejército.
"Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad", observó López Obrador, en cuyo gobierno, que comenzó en 2018, las Fuerzas Armadas desempeñan un rol protagónico.
AMLO, como es conocido el presidente por sus iniciales, les ha encomendado la construcción de obras insignia de su gobierno, como un aeropuerto para Ciudad de México y el turístico Tren Maya, y planea poner bajo su mando a la Guardia Nacional, que creó originalmente como una policía civil.
El tiempo de los jueces
El informe menciona "responsabilidades claras de elementos" de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.
"La fiscalía va a seguir actuando (...) y también va a corresponder a los jueces la impartición de justicia", manifestó López Obrador.
"Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho", prometió, luego de que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia necesarios para avanzar en las pesquisas.
El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada "verdad histórica" planteada por el gobierno de Peña Nieto, que no acreditó la responsabilidad de militares.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes de Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
AMLO anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, el funcionario de mayor nivel que es buscado por este caso.