16:53 | Lima, dic. 25 (ANDINA).
La lucha frontal que ha declarado el Gobierno a la minería ilegal en diferentes puntos del territorio nacional y especialmente en Madre de Dios, será reforzada con las facultades que ha recibido del Congreso.
El Ejecutivo tiene un plazo para legislar sobre este tema de 120 días, en temas de interdicción y criminalidad, que impera en este sector económico al margen de la ley, señala una nota de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La minería informal mueve más de US$ 1,000 millones al año, e involucra a unas 100 mil personas. Sin embargo es una minería que no paga impuestos, regalías ni produce canon minero para las regiones así como somete a trabajos forzados a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes no tienen amparo de leyes laborales ni seguridad ni atención médica.
El jueves último el Congreso publicó la Ley N° 29815 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de minería ilegal.
La nueva ley explica que la interdicción de la minería ilegal se refiere al uso del ámbito geográfico nacional destinado a la gestión de recursos mineros. Como también a la regulación de zonas de exclusión minera, suspensión de otorgamiento de concesiones en éstas, uso de dragas y otros artefactos similares.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal, se procurará un marco legal para la persecución penal contra quienes afecten el medio ambiente o realicen actividades criminales de grave afectación social. Ello implica la investigación, procesamiento y sanción de aquellas personas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado.
Esta nueva norma se enmarca en la lucha frontal que ha declarado el Gobierno a la minería ilegal, especialmente a través de operativos de fuerzas combinadas.
La más reciente muestra de esta decisión del Ejecutivo fue el importante operativo policial y militar realizado el 5 de noviembre de este año en la región de Madre de Dios, operación que permitió la destrucción de cinco dragas utilizadas por la minería informal para extraer oro del lecho de los ríos.
En este operativo participaron 1,500 policías que se desplazaron a las provincias del Manu, Tambopata y Tahuamanu, en donde la minería ilegal había puesto en peligro 30,000 hectáreas de biodiversidad en esa región limítrofe con Brasil y Bolivia.
Con base a la Ley 29815, el Poder Ejecutivo modificará la normativa sobre funciones y competencias de la Policía Nacional del Perú, así como la normativa procesal penal, modificará la legislación para regular el proceso de pérdida de dominio; así como para ampliar los alcances a los delitos vinculados a la minería ilegal.
De este modo, se fortalecerá la investigación y procedimiento; y se perfeccionará la incautación, decomiso y destrucción de los efectos del delito.
Asimismo, se buscará regular la distribución, transporte, posesión y comercialización de los insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
La Constitución Política, en sus artículos 67, 68 y 69, precisa que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, así como la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, y el desarrollo sostenible de la amazonia con una legislación adecuada.
Actualmente, la minería ilegal se ha convertido en un problema de alcance nacional. Se realizan actividades de este tipo Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa, entre otros departamentos, un total de 13 regiones.
Sólo en la región Madre de Dios, esta actividad ha devastado 18,000 hectáreas de bosques, poniendo en peligro miles de hectáreas más en la selva amazónica.
A diferencia de lo señalado por quienes la realizan, no es una minería de subsistencia sino más bien un sistema de criminalidad que deja destrucción a su paso, pues arrasa bosques y contamina ríos, afecta la vida y los derechos fundamentales de las personas.
La minería ilegal se sostiene mediante la instauración de mafias internacionales que operan en Perú, que realizan actividades delictivas de diverso tipo desde corrupción, lavado de activos, trata de personas, contrabando, defraudación tributaria, entre otros.
Esta actividad interfiere directamente con otros importantes sectores económicos como el ecoturismo, la agricultura, las actividades forestales y la vida misma de la zona, afectando de manera especial a las comunidades nativas.
La utilización indebida e irresponsable de sustancias químicas resultan gravemente dañinas y riesgosas por las consecuencias que genera para la sociedad. Grandes cantidades de mercurio se pierden por este tipo de minería que se vierten al medio ambiente en forma gaseosa o liquida en los ríos de la amazonia, contaminando de este modo las fuentes de vida de muchas comunidades.
Al infectarse los ríos desaparece la flora y fauna. De igual manera, los pescados y mariscos de consumo humano se convierten en elementos transmisores contaminantes.
Finalmente, el tráfico y uso de sustancias químicas prohibidas permiten el desarrollo y proliferación de actividades ilegales, en especial de la producción de drogas y el narcotráfico. De este modo, la minería ilegal genera peligrosos nexos con otras actividades como la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo, entre otros.
(FIN) NDP/RRR
Publicado: 25/12/2011