Las embajadas de Canadá, Australia, Francia y Colombia en el Perú enviaron una carta al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, expresando su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia (Ley N° 31018), la cual fue aprobada por insistencia en el Poder Legislativo.
“Nuestras misiones diplomáticas, altamente respetuosas de la soberanía del Estado peruano y de la independencia de sus instituciones democráticas, acudimos a su digno despacho ante el grave impacto que supone la Ley N° 31018 para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países”, señala la misiva.
La carta suscrita por los embajadores Ralph Jansen (Canadá), Diana Nelson (Australia), Antoine Grassin (Francia) y María Claudia Mosquera (Colombia) reconoce la voluntad del Congreso de tomar medidas que protejan a la ciudadanía ante la propagación del covid-19, pero considera crucial pronunciarse sobre ciertos aspectos de la mencionada ley.
“Primero, considerando que, según la Ley N° 31018, la suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional y, siendo esta duración (o eventuales extensiones) incierta, el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable”, indican.
Además, los embajadores recuerdan que la Ley N° 31018 indica que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cual desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulados en los respectivos contratos de concesión y el derecho de las personas a ser compensadas por daños infringidos.
“Esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra, sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello. Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías”, afirman en la carta.
Luego, los diplomáticos destacan que la inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú, colaborando significativamente en reducir la pobreza a niveles mínimos históricos.
“El Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas no solamente por su disciplina fiscal y monetaria, si no también debido a su respeto irrestricto de las instituciones democráticas, en las que se enmarcan el respeto a los tratados internacionales y a los contratos suscritos por el Estado peruano. Por ello, el Perú es un destino favorecido en la región para las inversiones privadas”, dicen.
“Es por estas razones que debemos expresar nuestra profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31018, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual. También, comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del covid-19”, agregan.
Los embajadores resaltan la enorme importancia de mantener la seguridad jurídica para las inversiones de manera que el Perú pueda continuar atrayendo capitales internacionales para el beneficio de su infraestructura y desarrollo.
“Por último, independientemente de una eventual decisión del Tribunal Constitucional acerca de la Ley N° 31018, confiamos en que el Congreso de la Republica del Perú, presidido por usted. queda abierto a nuestras posiciones. Los jefes de las misiones diplomáticas que suscriben nos encontramos dispuestos a exponer más en detalle estas posiciones, según lo estime usted conveniente”, finalizan.