La Defensoría del Pueblo remarca que es obligación del Gobierno Regional de Junín retomar la comunicación con los dirigentes del pueblo asháninka, explicar su inasistencia a la reunión del día 14 de septiembre y acordar, en el corto plazo, una reunión en la que se puedan tratar las demandas que las comunidades de la selva central del país han venido planteando insistentemente.
La Defensoría se pronuncia, a través de un comunicado, ante la suspensión de la reunión entre el Gobierno Regional de Junín y las comunidades asháninkas en la que se iban a tratar las demandas planteadas por estas, y el bloqueo de la carretera ocurrido desde ayer a la altura de Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo.
Añade que la Oficina Defensorial de Junín estuvo presente en el lugar y pudo constatar la imposibilidad de llevar adelante la reunión por la inasistencia de los representantes del gobierno regional, pese a que los requerimientos planteados referidos a educación, salud y energía eléctrica están enmarcadas dentro de sus competencias legales y se esperaba su arribo a Puerto Prado.
Al respecto se le ha cursado a la autoridad regional un oficio recordándole su obligación de darle un curso de solución a este problema y recomendándole que se abra un espacio de diálogo con la Central Asháninka del Río Tambo (CART), a la brevedad posible, puntualiza el documento.
Asimismo, señala que las comunidades demandan dejar sin efecto la Ordenanza Regional Nro 345-GRJ/CR y el Oficio Nro 27-2021GRJ/DREJ, en los que se “rechaza la educación presencial” en los tres niveles de educación básica regular en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Río Tambo.
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Además, piden la restitución de personal médico y asistencial asignado a los establecimientos de salud de la Microrred de Salud de Puerto Ocopa, la culminación de la obra “Pequeño Sistema Eléctrico de Betania – Electrificación de 8 localidades de la Cuenca del Río Tambo” y la construcción del Minihospital de Puerto Ocopa o el mejoramiento de los servicios de salud de Puerto Ocopa.
La Defensoría del Pueblo recuerda a las organizaciones sociales que el derecho de protesta debe ejercerse de manera pacífica y que en ningún caso se admiten actos violentos u otros que afecten los derechos de terceras personas.
Finalmente, subraya que la institución continuará haciendo las gestiones que sean necesarias para promover el diálogo y evitar el escalamiento de este conflicto.
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(FIN) NDP/TMC
JRA
Publicado: 16/9/2021