Por Malena MirandaLas empresas listadas en la bolsa local deberían adoptar la norma antisoborno a fin de evitar posibles pérdidas a los inversionistas a consecuencia de un riesgo reputacional, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) deberían adoptar todas las medidas, incluida la norma antisoborno, para prevenir este delito (corrupción)”, consideró hoy el intendente de Análisis Operativo de la UIF de la SBS, Daniel Linares.
El funcionario de la UIF, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), señaló además que las empresas deberían repotenciar las áreas para que tengan más recursos y puedan prevenir cualquier contaminación del negocio con actividades ilícitas.
Cabe destacar que la caída de las acciones de Graña y Montero en las bolsas de Nueva York y Lima, por su vinculación a la brasileña Odebrecht ligada a actos de corrupción, generaron menores rendimientos para los inversionistas, incluidos los afiliados de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).
Linares resaltó que la lucha contra las organizaciones criminales no sólo apunta a capturar a los delincuentes, sino también a afectar toda su estructura financiera, que es el motor para que dicha actividad (delictiva) siga operando.
“En esa labor es relevante involucrar también a la sociedad civil y a las empresas privadas a fin de que al detectar un cliente, considerado sospechoso, envíen información a la UIF para su consolidación y análisis, y posterior envió de esa data analizada al Ministerio Público para su penalización”, dijo.
En el Foro Internacional de Gestión de Riesgos de Corrupción, organizado por la Universidad ESAN, comentó que la especialidad de la UIF es seguir la ruta del dinero, desde el momento que ingresa al sistema financiero hasta su salida.
Pero si el dinero se mueve en efectivo existen problemas dado que la UIF no lo alcanza a ver, dijo. “Por ejemplo la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas mueve mucho dinero en efectivo”, añadió.
Bancarización es solución
De esta manera, el intendente de Análisis Operativo de la UIF de la SBS señaló que la mejor forma de transparentar las actividades de las empresas es bancarizando todos los pagos que se tienen que realizar.
Los bancos, por ejemplo, tienen la obligación de notar si el dinero que le llega del exterior a una empresa pertenece a una actividad económica conocida y si las ventas de una empresa calzan con los ingresos por ese concepto, comentó.
“Por ejemplo, el valor FOB de las exportaciones de una exportadora debe coincidir con los envíos de dinero que realiza el comprador. Eso es un cliente normal, pero si no es así, el banco debe informar eso como una operación sospechosa a la UIF”, sostuvo.
Campañas políticas
En otro momento, señaló que gran parte del dinero que ingresa a los partidos políticos para sus campañas electorales se dirige a los medios de comunicación para realizar el pago de propaganda política. “Creo que habría que ver cómo se pagan (estas campañas políticas)”, dijo.
Norma antisoborno
El Instituto Nacional de la Calidad (Inacal) aprobó en abril pasado la norma técnica peruana denominada Sistemas de Gestión Antisoborno – NTP ISO 37001 a través de una resolución directoral publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Esta norma técnica peruana, a implementar las empresa públicas y privadas, permite establecer procedimientos para que podamos identificar canales y procesos en riesgo de soborno, y así establecer mecanismos de control.
La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Rocío Barrios, indicó en marzo que el desafío de Inacal es tener listo, en un plazo máximo de dos meses, el esquema de acreditación para las empresas privadas y que se haya capacitado a unos 30 profesionales que puedan certificar la aplicación de la norma.
El segundo desafío, dijo Barrios, es promover la implementación de la norma en el sector privado y la posibilidad de que en los grandes procesos de licitación que realiza el Estado se exija en un futuro como requisito a los postores.
Refirió que la exigencia de este requisito no solo depende del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). "No solo depende de la OSCE, sino de todos los ministerios que contratan directamente", dijo.
Refirió que, según estimaciones de la Contraloría General de la República, el daño de la corrupción al Estado en el 2015 habría ascendido a 12,600 millones de soles, principalmente por la modalidad de peculado y colusión seguido del cohecho.
Perú será el primer país de la región en implementar sistema antisoborno
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 24/7/2017