El Consejo Nacional de Educación del Perú (CNE) expresó su más enérgica condena ante las más de 500 denuncias realizadas por el pueblo Awajún, de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) contra profesores involucrados en casos de abuso, acoso sexual y transmisión de VIH.
En ese sentido, indica que las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes "merecen nuestro repudio y constituyen graves delitos que atentan contra los Derechos Humanos".
"Es un problema público presente, que arrastramos desde hace mucho tiempo, con consecuencias graves en la salud emocional y desarrollo integral de los estudiantes. Las violaciones sexuales alcanzan el segundo lugar de los delitos registrados en las penitenciarías del país, lo que da cuenta de su alarmante dimensión nacional", señala.
Asimismo, refiere que es crucial recordar que la Constitución establece en su artículo 4 que "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono".
Además, el
Código de los Niños y Adolescentes del Perú garantiza el respeto a la integridad moral, psíquica y física de los menores, señalando que "
es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño".
"En consecuencia, constituye ineludible obligación de las autoridades competentes de los sectores de Educación, Inclusión Social, Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público y Poder Judicial atender urgentemente las denuncias de niñas, niños y adolescentes de nuestros pueblos originarios, víctimas permanentes por más de una década", sostiene.
También, precisa que "es lamentable" que, de numerosos casos, "solo 121 profesores hayan sido sancionados, y que muchos hayan prescrito por indiferencia, corrupción y burocracia, negando justicia a las víctimas".
"Instamos a investigaciones rápidas y exhaustivas y a imponer las sanciones más severas para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, con especial atención en las poblaciones más vulnerables, de modo que creen precedentes claros y firmes en el sentido que estos delitos no quedan impunes en ningún caso", agrega.
También, exhortaron a desarrollar una estrategia integral y multisectorial, que convoque a los poderes del Estado, la comunidad educativa, las autoridades de las comunidades indígenas, las familias, la academia, el sector privado, entre otros, para tomar acciones ejemplares y prevenir futuros delitos.
(FIN) JCC
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Publicado: 22/6/2024