La Defensoría del Pueblo recomendó al Osiptel y al Indecopi garantizar que las empresas operadoras no realicen prácticas prohibidas como la concertación de precios para trasladar el cobro que realizaban por la venta o alquiler de los decodificadores al costo de instalación del equipo.
Ello tras la publicación de la norma dada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (
Osiptel), que recoge las recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo, prohibiendo alquilar o vender los decodificadores para la televisión por cable.
Esta institución advierte del peligro que se produzca concertación de precios debido a que la empresa Telefónica ahora cobra el mismo monto que Claro (309 soles) por instalar dicho servicio. Este cobro resultaría excesivo, comparado a los 100.15 soles que Telefónica cobraba hasta enero del presente año.
Asimismo, la Defensoría solicitó al regulador aclarar si las empresas operadoras podrán exigir a los usuarios el pago de las cuotas pendientes por concepto de compra-venta de
decodificadores, considerando que esta transacción se produjo como una condición requerida por la empresa al usuario para adquirir el servicio.
La norma emitida establece que la adecuación de los contratos de compra-venta, las condiciones de pago y propiedad se sujetan a lo pactado por las partes, sin embargo, el usuario podría verse en una situación de desventaja frente a las condiciones impuestas por la empresa.
Finalmente, tomando como ejemplo la regulación en Chile, señaló que la normatividad nacional debe establecer que los decodificadores cuenten con una certificación de calidad que acredite su correcto estado de fabricación con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y evitar riesgos de incendios u otros accidentes.
Por ello exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (
MTC) y al Instituto Nacional de Calidad (
Inacal) a adoptar acciones en la materia.
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(FIN) ECS/JJN
Publicado: 15/3/2018