La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez De Cuéllar, afirma que la Ley de Acceso Universal al Agua Potable busca que las familias pobres paguen menos de 20 soles al mes con las nuevas modalidades de abastecimiento.
A fin de explicar la estrategia que seguirá el Ejecutivo con este tema, declaró al Diario El Peruano.
¿Cuál es la importancia y el alcance de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable?
–Es una ley histórica. Ningún gobierno anteriormente se ha preocupado por los 3.14 millones de peruanos y peruanas que no tienen un servicio de agua en sus casas.
Ellos se abastecen de agua de diferentes formas, muchos de ellos a través de camiones cisternas, en el caso de las ciudades, pero otros mediante agua entubada de los ríos o manantiales, sobre todo en las zonas rurales, y esa agua no es potable. Entonces, mucha de esa población está esperando la obra definitiva para que se brinde el servicio universal, es decir, una conexión intradomiciliaria para tener el servicio en casa.
–Y eso no es tan rápido de instalar…
–Estas obras demoran mucho tiempo por dos variables: una es la ingeniería y la otra es el financiamiento; entonces, la idea de esta ley es generar un marco normativo que permita asegurar que se repartirá agua potable a lo largo y ancho del Perú.
Desde la pandemia hemos venido repartiendo agua potable a través de decretos de urgencia, incluso agua gratis, pero el problema es que ya no hay covid-19 y ya no hay mayor justificación para un nuevo decreto de urgencia. Por lo tanto, si no se tomaba la decisión política y económica de sacar una ley, íbamos a estar en problemas porque mucha población se iba a quedar sin el agua potable y regresarían al esquema anterior.
–¿Qué plantea la nueva ley para solucionar ello?
–Lo que propone esta ley es abastecer de agua potable a estos 3.14 millones de peruanos y peruanas a través de soluciones no convencionales, mientras que la obra definitiva llegue. Entonces, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en los gobiernos locales y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), seguiremos trabajando en la solución definitiva porque a eso aspiramos.
Pero con la nueva ley nos estamos preocupando del hoy, porque hay familias y lugares donde llevan esperando el servicio de agua potable 20 años o hasta 30 años, y lo que se busca es darles una solución inmediata.
–¿Cómo se financiarán esas soluciones inmediatas?
–Hemos establecido un mecanismo que es muy importante y que la población debe entender.
Se ha creado un Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS), así como está el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para el gas y la electricidad rural.
El FIAS va capturar fondos de diferentes fuentes para financiar las obras no convencionales. Una de las maneras para financiar el FIAS será con transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además podemos trabajar con los gobiernos subnacionales (municipalidades y gobiernos regionales) o también recibir fondos de cooperación y donaciones, entre otros. Pero una medida que es muy interesante es la del subsidio cruzado.
–¿Cómo funcionaría ese subsidio cruzado?
–Sería como actualmente funciona con el gas y la electrificación, es decir, los que más consumen o los que en mejor situación socioeconómica se encuentran, pagarán una recarga sobre la tarifa para subsidiar la compra de balón de gas para las familias más desprotegidas, por lo cual vamos a partir del mismo principio para el agua. No estamos alterando la tarifa que calcula la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) sino que le vamos a hacer un recargo de 3% para los casos domiciliarios y de 4% para los no domiciliarios, lo cual equivale más o menos un sol con 50 céntimos (1.50 soles), es decir, el costo de una botella de agua.
Por tanto, se ha hecho una segmentación de los no pobres, los vulnerables, los pobres y los pobres extremos, y en función de esas categorías probablemente los pobres extremos sigan recibiendo agua gratuita o una tarifa social muy pequeñita, eso lo vamos a terminar de afinar en el reglamento.
Lo cierto es que hoy aquellas familias que se abastecen con camión cisterna y no están dentro del programa de agua gratuita pagan entre 80 y 100 soles al mes, pero con estas fórmulas (promovidas por la Ley de Acceso Universal al Agua Potable) pagarán entre 10 y 20 soles. Entonces hay un ahorro sustancial para la economía familiar y sobre todo para las familias más vulnerables.
–Agua de mejor calidad…
–Agua segura y ahorro seguro, no solo por el pago del agua, sino también en medicamentos, porque nuestros hijos y familias se van a enfermar menos. Entonces, no solamente estamos atacando el tema de acceso al agua, sino también un problema estructural como es la anemia y otras enfermedades derivadas por la falta de agua, como la parasitosis, la anemia, tifoidea y otras más.
No habrá privatización
La ministra reiteró que no se privatizará el servicio, pues no hay en ninguna parte del Decreto Legislativo 1620, ni en la Ley de Acceso Universal al Agua Potable la opción de la privatización.
“No vamos a privatizar las EPS. Se ha armado un debate sobre ese tema, liderado por grupos políticos que utilizan esa narrativa para azuzar, pero no hay ninguna intención de privatizar”.
“La única intención es que las EPS trabajen bien. El hecho de que sea una empresa pública no significa que nos tienen que dar un servicio de mala calidad, estamos buscando empresas públicas que nos den un buen servicio y para ello se ha planteado dentro del Decreto Legislativo 1620 una serie de reformas que están vinculadas a la meritocracia y el uso eficiente de los recursos”, agregó.
Refirió que cuando llegó al gobierno se detectó que la brecha era de 3.5 millones de peruanos que no tenían acceso al agua y 7.2 millones al saneamiento.
“Tomamos la decisión de fortalecer el sistema, sobre todo las EPS, para lo cual sacamos el Decreto Legislativo 1620. Lo que nos hemos propuesto es cerrar en un tercio la brecha de agua y saneamiento hasta el final del gobierno”, dijo.
Datos
- La Ley de Acceso Universal al Agua Potable contempla estas soluciones alternativas e inmediatas: tanques comunales, cisternas, plantas potabilizadoras portátiles, pilones, filtros intradomiciliarios, entre otros métodos no convencionales.
- El MVCS presentó cinco propuestas en el marco de las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo está solicitando al Congreso de la República. Destacan la nueva Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones; modificación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y decreto legislativo que declara de necesidad pública e interés nacional la intervención en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
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