Por Sofía PichihuaAdemás de una mayor adopción de medios digitales, la pandemia también evidenció un incremento de las denuncias de delitos informáticos en el Perú. A escala nacional, entre enero y abril de 2022, el Ministerio Público ha recibido 7,297 denuncias que son investigadas por los fiscales peruanos, quienes recurren al uso de mecanismos tecnológicos para rastrear las evidencias digitales.
En ese sentido, la fiscal superior titular Aurora Castillo Fuerman, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y Fiscal Superior de la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro del Ministerio Público, explica a la
agencia Andina que son los fiscales penales quienes solicitan este apoyo técnico cuando investigan delitos informáticos, estafas agravadas en los casos de sustracción de datos en tarjetas de crédito u otros delitos en los cuales la
prueba digital es determinante para la investigación. Es así que suman esfuerzos, siguiendo el compromiso del Perú firmado en el
Convenio de Budapest.
Para ello, los fiscales penales deben hacer uso de la plataforma de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que les permitirá mantener contacto, de manera presencial o virtual, con los fiscales especializados.
En búsqueda de evidencias digitales
Lo cierto es que cuando los fiscales deben investigar un delito informático no pueden manejar la evidencia como la de un delito tradicional debido a que ésta se encuentra en la red.
"La internet es maravillosa y la tecnología extraordinaria. Nos han permitido superar muchos problemas pero también ha sido un pretexto para que la ciberdelincuencia aproveche estas circunstancias. ¿Cómo funciona el internet? A través de las comunicaciones virtuales. Entonces, hay que investigar el ciberespacio y, para ello, hay que hacer levantamiento del secreto de las comunicaciones, hay que saber cómo saber pedir información a un proveedor internacional, por ejemplo, como Facebook, entre otros", destaca la fiscal superior Castillo.
En el Perú, según información oficial de Facebook, durante el año pasado, el gobierno y entidades públicas han realizado 416 solicitudes de información que involucran a 779 usuarios o cuentas, casi el triple del 2020.
El incremento de las denuncias de ciberdelitos también se explica en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el distrito fiscal de Lima, que permitió la creación de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro en junio de 2021 debido a que más del 47% de la carga procesal fiscal de delitos informáticos se concentra en este distrito fiscal.
Entre enero y abril de 2022, los cuatro despachos de la fiscalía especializada en el distrito de Lima Centro han recibido 6,138 casos, de los cuales 1,903 ya fueron resueltos. Aún así, la ardua labor de la fiscalía y la unidad especializada no es suficiente.
En opinión de la fiscal superior, es necesario contar con más fiscalías especializadas en ciberdelincuencia en la capital y a nivel nacional, teniendo en cuenta que los distritos fiscales de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur agrupan la mayor cantidad de investigaciones.
Aún con las limitaciones, los fiscales del distrito fiscal de Lima Centro han obtenido 15 prisiones preventivas, 14 detenciones preliminares judiciales, 9 comparecencias con restricciones, 39 comparecencias simples, 14 allanamiento/incautaciones, 14 terminaciones anticipadas y más de 500 requerimientos judiciales para el levantamientos del secreto de las comunicaciones y levantamiento del secreto bancario, cifras que revelan su ardua labor en la protección de los datos personales.
En junio, el Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Jonathan Portillo Vela, consiguió que el Poder Judicial dictara una sentencia en terminación anticipada por el delito de estafa agravada en la modalidad conocida como “vishing” (estafas telefónicas), a raíz de una transferencia bancaria no autorizada por S/. 2,997.
Lamentablemente, los procesos pueden extenderse por ocho o más meses al seguir las evidencias digitales. Esto fue evidente durante el inicio de la pandemia, principalmente a raíz del bono económico del gobierno para familias vulnerables, pues se denunciaron suplantaciones de identidad y cobros indebidos.
Los ciberdelincuentes, precisa la fiscal superior, suplantaron la identidad de algunos beneficiarios del bono clonando su línea telefónica mediante el uso de datos robados y un documento diferente al DNI (como el pasaporte). Así, pudieron registrarse en la web oficial y luego hacer el cobro desde el cajero automático. Desafortunadamente, alerta Castillo, no todas las operadoras tienen el mismo compromiso para entregar la información solicitada rápidamente.
"Las empresas de telefonía muchas veces no envían la información completa y se ha hecho las denuncias para que Osiptel imponga las multas... Eso genera impunidad", advierte. Este mismo problema ocurre cuando se busca rastrear las direcciones IP, que se convierten en evidencia para identificar al ciberdelincuente.
Para la fiscal superior, si bien hay una mayor cantidad de denuncias, aún es posible que esta cifra no refleje la cantidad total de ciberdelitos. Es por ello, resalta, que es importante dar resultados para que la ciudadanía confíe en las entidades públicas a cargo de estas investigaciones.
Ingresando a la dark web
Además del compromiso del Ministerio Público por especializarse para atender estas denuncias, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia ha contado con el apoyo de la cooperación internacional para capacitar a los fiscales que integran la red. También se han recibido donaciones de equipos tecnológicos de última generación para el Laboratorio de Ciberdelincuencia, ubicado en la misma sede de Surco.
El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y el gobierno de Noruega donaron 50 computadoras (desktop como notebooks) que fueron destinadas a 33 fiscales a nivel nacional, y al equipamiento del laboratorio contra el cibercrimen. A ello se suman las nuevas donaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú.
El Laboratorio de Ciberdelincuencia, que cuenta con la asistencia de ingenieros especializados para el apoyo de los fiscales, permite que las búsquedas de evidencia digital sean seguras y en un ambiente controlado, sin riesgos de que la red del Ministerio Público se vea afectada.
Al investigar estos casos, los fiscales deberán abrir links fraudulentos que podrían ejecutar malware en los equipos, por lo que el laboratorio evita que estos programas maliciosos perjudiquen a otras computadoras de la sede fiscal.
Además se reserva el anonimato al usar tecnologías que evitan la detección de la identidad de los usuarios. Esto les permite continuar su investigación.
Incluso, los fiscales pueden ingresar a la dark web para rastrear a los ciberdelincuentes, un espacio virtual desde donde ofrecen servicios ilegales como el hackeo de dispositivos o la venta no autorizada de información personal de las víctimas. La atención en el Laboratorio de Ciberdelincuencia no se restringe únicamente a la modalidad presencial, pues los fiscales de provincia pueden realizar coordinaciones vía videollamada.
Este año se espera que se concrete el Manual de Investigación de Delitos Informáticos, elaborado con asesoría internacional, un nuevo recurso para los fiscales peruanos, que ya cuentan con guías sobre ciberdelitos para continuar con su compromiso por velar por la seguridad digital de los ciudadanos.
Legislación peruana en delitos informáticosEn el Perú, los delitos informáticos se elevan cada año. Desde el 2013, nuestro país cuenta con una Ley de Delitos Informáticos, pero también se siguen las recomendaciones internacionales sobre ciberdelincuencia. Como resultado, se cuenta con una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para apoyar el trabajo fiscal. Esta cronología detalla la legislación peruana y sus antecedentes en materia de ciberdelitos.
199111 de noviembreDecreto Legislativo Nº 681 relativo al uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos.
200025 de mayoLey Nº 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales.
24 de junioLey Nº 27291 Ley que modifica el Código Civil, permitiendo la utilización de medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica.
200210 de abrilLey Nº 27697 Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Luego fue modificada en el 2013 por la Ley Nº 30096, que agrega los delitos informáticos a la lista de delitos en los que los jueces tendrán la facultad constitucional para conocer las comunicaciones de los investigados a nivel preliminar o jurisdiccional.
2 de agostoLey Nº 27806 Ley de transparencia y acceso a la información pública.
200511 de abrilLey Nº 28493 Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM).
20113 de julioLey Nº 29733 Ley de Protección de Datos Personales.
20139 de julioDecreto Supremo Nº 081-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.
19 de agostoLey Nº 30077 Ley contra el crimen organizado.
201417 de febreroLey Nº 30096 Ley de Delitos Informáticos del 21 de octubre de 2013, modificada por la Ley Nº 30171.
201526 de julioDecreto Legislativo Nº 1182 que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
201623 de mayoResolución Nº 2432-2016-MP-FN que aprueba las Cláusulas de Confidencialidad y de Protección de Datos Personales. Previamente, en 2015, se aprobó la Política de Protección de Datos Personales.
201814 de mayoDecreto Supremo Nº 050-2018-PCM que aprueba la definición de Seguridad Digital en el Ámbito Nacional.
27 de junioResolución Nº 2189-2018-MP-FN que aprueba el Reglamento Interno para el Acceso y uso de Herramientas y Servicios Informáticos en el Ministerio Público.
11 de setiembreDecreto Legislativo Nº 1410 que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.
2019Resolución Nº 848-2019-IN que aprueba el "Manual para el Recojo de Evidencia Digital" del Ministerio del Interior. También existe una edición elaborada por el Ministerio de Justicia (2017).
202011 de agostoResolución Nº 365-2020-MP-FN-GG que aprueba la "Guía de Análisis Digital Forense" del Ministerio Público. También hay Normas ISO con los lineamientos de identificación y recolección con antecedentes en 2012 y 2015.
30 de diciembreResolución Nº 1503-2020-MP-FN que crea la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público.
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Video: Así trabajan los fiscales peruanos que investigan delitos informáticos
Publicado: 7/7/2022