El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reestructurará el Sistema Penitenciario, a fin de reforzarlo, indicó el titular de dicha cartera ministerial, Eduardo Arana.
En ese sentido, informó que en la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó una norma para la modificación del Instituto Nacional Penitenciario y otra que regula las obligaciones y sanciones administrativas para empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en penales y centros juveniles.
“Después de mucho tiempo el gobierno tomó el toro por las astas y ha dispuesto una política pública sería y sostenida en materia penitenciaria”, expresó Arana.
El ministro consideró que, con estas normas “vamos a tener el control del 100% de las llamadas tanto de dentro como hacia afuera de los centros penitenciarios”.
Esto se suma a la emisión de normas relacionas a la vigilancia electrónica y la evaluación semestral de las prisiones preventivas ordenadas por el Poder Judicial. Con ello se erradicará el hacinamiento en los penales y se contribuirá a la lucha contra la criminalidad organizada, expresó.
Unidades de flagrancia
Asimismo, resaltó el trabajo de la Defensa Pública en las Unidades de Flagrancia, que ha realizado un millón 200 mil intervenciones este año. Informó que en estas se han establecido turnos a nivel nacional para una mejor participación de los defensores públicos.
El ministro de Justicia participó en la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, realizado en Chiclayo hoy, y liderado por la presidenta Dina Boluarte.
En esta se dispuso que el Programa Nacional de Bienes Incautados asigne aproximadamente 500 vehículos a la Policía Nacional para reforzar su lucha por la seguridad ciudadana.
(FIN) FGM/JCR
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Publicado: 1/10/2024