El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) elevará al Consejo de Ministros medidas para reducir el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios del país, con énfasis en los internos en condición de procesados por delitos menos lesivos, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Estas propuestas se debatirán y aprobarán en el marco de la delegación de facultades que el pleno del Congreso aprobó esta madrugada para que el Ejecutivo legisle en materia penal, procesal penal y penitenciaria, frente al riesgo de contagio del covid-19 en penales y centros juveniles.
La delegación de facultades es por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, periodo en el que el Ejecutivo deberá establecer las medidas.
El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, saludó la decisión del Parlamento, y adelantó que las medidas tendrán como base el proyecto de ley que sobre esta materia remitió la semana pasada el Ejecutivo al Congreso.
Asimismo, indicó que se evaluarán los principales aportes de los dos proyectos presentados por el Poder Judicial para su incorporación en las propuestas, así como las sugerencias formuladas por los congresistas en la Comisión de Justicia y durante el debate de anoche, que se prolongó hasta la madrugada de hoy.
Castañeda sustentó anoche ante el pleno el pedido de delegación de facultades. Durante su disertación, dijo que las medidas que elabore su portafolio permitirán beneficiar a las personas privadas de libertad que se encuentran en calidad de procesados, pero que han cometido delitos leves que no significan un peligro para la seguridad ciudadana.
Jueces actuarán de oficio
Indicó que el objetivo es legislar para establecer un marco normativo que les permita a los jueces y juezas poder incidir de oficio sobre el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios del país, y así continuar impactando en las labores que desde el Ejecutivo se vienen implementando para descongestionar las cárceles.
Remarcó que se solicita la delegación para que se establezca de una manera precisa y clara, a través de una norma imperativa, que el Poder Judicial revise de oficio las prisiones preventivas.
“Asimismo, requerimos de esta delegación porque necesitamos poder simplificar los beneficios penitenciarios en cuanto al procedimiento, para incidir en la reducción de la población en los penales”, especificó.
El ministro aclaró que, en este caso, no será el Ejecutivo el que vaya a excarcelar a los internos, sino los jueces, quienes a través del marco jurídico evaluarán caso por caso con técnicas aceleradas.
(FIN) NDP/VVS
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Publicado: 23/5/2020