La detención de la expresidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, por el supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019, reflotó la tensión política con la convocatoria de las primeras grandes protestas este lunes en Santa Cruz, capital económica y bastión de la oposición.
Stello Cochamanidi, segundo vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso conglomerado civil-empresarial de derecha que nació en la región más próspera de Bolivia, dijo que esperan una gran afluencia en una concentración en la plaza Cristo Redentor, lugar emblemático del movimiento izquierdista de Evo Morales (2006-2019).
"Esperemos que asista todo el pueblo porque esta lucha sigue siendo de todos nosotros, porque todos nosotros estamos en riesgo. Si no respetaron a una presidenta que fue constitucional, a nosotros peor", indicó Cochamanidi a periodistas.
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste) y el domingo una juez determinó su encarcelamiento preventivo por cuatro meses, tiempo que la Fiscalía utilizará para acumular más pruebas.
“Un golpe que nunca ocurrió”
"Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió", afirmó la exmandataria interina, que fue trasladada a una cárcel de mujeres en La Paz.
La detención de Áñez y dos de sus ministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también encarcelados, fue rechazada por la oposición mientras desde la comunidad internacional llegaron pedidos por un proceso transparente y ajustado a derecho.
Los opositores quieren impedir que sigan las detenciones. La fiscalía también emitió el viernes pasado órdenes de captura contra los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa), exjefes militares y exjefes policiales y otros civiles.
Por ahora no hay orden de detención contra el influyente gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, figura central en la denuncia presentada exparlamentaria del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty que dio pie a estos arrestos por supuesta conspiración, sedición y terrorismo para llevar a cabo un presunto golpe de Estado entre octubre y noviembre de 2019.
En 2019 Camacho, un empresario de 42 años y exlíder del Comité Cívico, impulsó las protestas en Santa Cruz que se extendieron a todo el país, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del mandatario indígena.
Bastión de Camacho
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que la concentración del lunes busca desmontar la versión del gobierno de que "hubo un golpe de Estado".
Comités civiles en otras ciudades han convocado a manifestaciones similares, según llamados diseminados en redes sociales.
Los activistas opositores se han organizado para mantener vigilancia en la casa de Camacho, quien ganó protagonismo durante las protestas contra Morales cuando dijo que se trasladaría de Santa Cruz a La Paz con la Biblia en la mano derecha y con la carta de renuncia de Morales en la izquierda.
En La Paz, sumida en duros enfrentamientos con opositores en las calles, entró a Palacio el día que renunció Morales, el 10 de noviembre, y colocó una Biblia sobre una bandera boliviana.
Camacho se postuló a la presidencia en las elecciones de octubre pasado, pero obtuvo un pobre tercer lugar con 14% detrás el mandatario Arce y el centrista Carlos Mesa.
Cárcel y juicios
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el "golpe de Estado debe resolverse en la justicia y no en las calles".
"Lo que buscamos no es detención de cuatro meses, lo que estamos buscando es una condena de 30 años (de cárcel), porque aquí ha habido masacres sangrientas", dijo sobre Áñez en referencia a los violentos incidentes registrados durante el gobierno transitorio en varias regiones del país.
Lima también informó el lunes que el gobierno y otros sectores presentaron cuatro demandas de juicios de responsabilidades o de privilegio, que se diferencia de la primera causa abierta.
Áñez y varios de sus ministros también fueron denunciados ante el Congreso, que debe autorizar al Tribunal Supremo el inicio de la causa por dos tercios del total de las cámaras de Diputados y Senadores (111 de 166).
Entre las demandas figuran el contrato de crédito firmado por 327,2 millones de dólares contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que su sucesor Luis Arce canceló y por impedir a ciudadanos bolivianos volver desde Chile en 2020, durante la pandemia del covid-19.