El Poder Ejecutivo oficializó ante el Congreso la presentación de un proyecto de ley para establecer parámetros de protección y asistencia a los dirigentes de comunidades indígenas u originarias cuyas vidas se encuentren en riesgo, a través de acciones de vigilancia efectiva y apoyo legal.
Para lograr tal fin, el gobierno plantea la creación de un registro de dirigentes en situación de peligro, identificando en estas sus labores de promoción, protección y reivindicación de los derechos de las comunidades a las que representan.
Dicho registro estará adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Cultura. La participación de este sector se da en función a que se trata de la entidad a cargo de las políticas que comprenden a los pueblos originarios.
Para poder ser incluidos en esta relación, los dirigentes o terceras personas podrán plantear una solicitud que será calificada por el Ministerio de Justicia.
Se excluirá a quienes tengan sentencia judicial condenatoria por delito doloso consentida o ejecutoriada, y a quienes hayan incurrido e acciones violencias o contrarias a la ley.
Asistencia y protección
Los dirigentes considerados dentro del registro serán objeto de medidas de asistencia o de protección, según el caso.
Las primeras se darán cuando las acciones perpetradas en contra de ellos no generen riesgo grave o inminente para su vida e integridad, pero sí limitan sus actividades de defensa de los derechos de sus comunidades.
Estas comprenden asistencia legal mediante el Sistema de Defensa Pública, declaraciones públicas de apoyo, visitas públicas de autoridades destinadas a generar impacto político, medidas administrativas y acciones legales frente a la comisión de eventuales delitos ambientales.
Por su parte, las medidas de protección se aplicarán frente a actos que pudieran darse contra los dirigentes o sus familias, que afecten su integridad y su vida.
Ellas comprenden la evacuación del dirigente y su familia de la zona de riesgo, protección policial personal y patrullajes policiales.
Estas medidas de protección correrán a cargo del Ministerio del Interior, vía la Policía Nacional, y las de asistencia las desarrollará el Ministerio de Justicia, según lo establecido en el proyecto de ley.
(FIN) FGM
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Publicado: 21/5/2022