El Poder Judicial (PJ), a través de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó un año y nueve meses de pena privativa de la libertad, con reserva de fallo (condicionada al cumplimiento de reglas de conducta), contra tres personas por delito de discriminación en contra de igual número de mujeres trans al impedir su ingreso a una discoteca.
Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre del 2022 cuando se negó el ingreso al referido local ubicado en la avenida Dolores, distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero, por parte de la administradora del local y dos efectivos de seguridad del establecimiento.
Aquel día, las agraviadas fueron a la discoteca Amnesia Club a la medianoche y se les negó la entrada de manera prepotente por los acusados, lo que generó en ellas afectaciones emocionales.
El Juzgado de la Corte de Arequipa halló responsables de discriminación por identidad de género a Yesenia Fernández Zúñiga (administradora), autora del delito, y Sergio Luis Serrano Apaza y Freddy Acho Llerena, en calidad de cómplices primarios.
Hito histórico
Conclusión anticipada
Durante el juicio oral, la principal acusada y los dos coacusados se acogieron al mecanismo jurídico de la conclusión anticipada del proceso al reconocer su responsabilidad en los hechos.
La sentencia emitida por el juez del Cuarto Despacho Penal Unipersonal de la Corte de Arequipa, Leonidas Rojas Equiapaza, constituye un hito histórico en la lucha contra la discriminación en el ámbito penal, en favor de una población en condición de vulnerabilidad como la LGTBQ+.
Esta sentencia reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación, principios fundamentales para la convivencia en una sociedad inclusiva y que asegura un efectivo acceso al sistema de justicia.
Reglas de conducta
El referido juzgado dictó también reglas de conducta para los sentenciados y estableció una reparación civil de 800 soles en favor de dos de las víctimas, mientras que una tercera recibirá 2,000 soles.
Las reglas de conducta son no ausentarse de la localidad donde residen sin previa comunicación al juzgado, informar y justificar sus actividades, no cometer nuevo delito doloso y reparar el daño cometido cumpliendo el pago de reparación civil en el plazo correspondiente.
En caso de incumplimiento, el juez estableció que será impuesta la pena dictada, en calidad de efectiva.