La Defensoría del Pueblo exhortó a los miembros del Congreso de la República a reevaluar su decisión de modificar su reglamento para ser eximidos de presentar la declaración jurada de intereses bajo los alcances del Decreto de Urgencia N° 020-2019.
Advirtió que se trata de una medida que se aparta de los estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
“La Declaración Jurada de Intereses es una herramienta de transparencia, cuya finalidad es identificar y prevenir posibles escenarios de conflicto de intereses o incompatibilidades al momento de la toma de decisiones de los funcionarios y servidores públicos”, señaló en un comunicado.
Mencionó que dicha declaración contiene información sobre los vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales de los funcionarios con capacidad de decisión, y manejo de bienes y recursos públicos.
Para la Defensoría del Pueblo, la actual plataforma que aloja dicha información, permite que la ciudadanía, así como todas las entidades públicas accedan a la misma, haciendo posible la identificación y prevención de situaciones de conflictos de interés en los tres poderes del Estado, así como en los tres niveles de gobierno, incluyéndose además a los organismos constitucionalmente autónomos.
Dijo que llama la atención que el Congreso, que es miembro titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, haya aprobado una modificación a su reglamento para que sea su Consejo Directivo el que disponga del cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses de los congresistas, así como del personal del servicio y de la organización parlamentaria que esté en obligación de hacerlo.
La resolución en cuestión establece, además, que dicha obligación se rige de forma exclusiva por la norma aprobada, sin reparar que existe un marco legal general, como es el dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 020-2019 que responde al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Dicho plan tiene como objetivo “instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública” y que fue considerado atendiendo a las recomendaciones formuladas a nuestro país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ello, la Defensoría del Pueblo insistió en su exhortación a los representantes del Congreso a reevaluar esta decisión que menoscaba la transparencia, valor esencial en la lucha contra la corrupción.
(FIN) NDP/RMCH
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Publicado: 9/5/2020