El contralor Edgar Alarcón negó hoy ante la Comisión Permanente del Congreso haber incurrido en actos de inconducta funcional en los cinco casos investigados por el grupo especial que recomendó su remoción en el cargo.
Alarcón dijo que no renunciaba a su cargo porque tiene la verdad y que va al Congreso para darla a conocer a los parlamentarios y para que el país lo escuche.
“Aunque algunos tienen una opinión formada,
no se puede negar que he sido blanco de ataques en medios de comunicación, y de políticos que me llaman no menos que individuo que realiza actos delincuenciales. Todo se hubiera evitado si se daba un informe favorable a Chichero”, afirmó.
Consideró que en su caso hubo un maltrato personal e institucional porque, según asegura, la Contraloría hizo caso omiso a presiones y mensajes, y negó haber grabado las reuniones con ministro de Estado.
“No grabo, no es mi costumbre ni de la Contraloría, espero que los que me acusaron se retracte porque no hay prueba que avale está injuria”, afirmó.
Sobre la acusación de haber favorecido a Marcela Mejía Franco con la contratación como asesora de la Oficina de Control Interno (OCI) en la Municipalidad de La Molina el 2011, aseguró que no ejerció influencia en esa contratación.
Explicó que ese entonces se desempeñaba como gerente general de la Contraloría y la decisión de contratar a la madre de sus hijos fue de la referida comuna.
En
el caso del intento de sometimiento al auditor Walter Grados Aliaga, a quien pidió retirar las denuncias por
operaciones de compraventa de automóviles, sostuvo que nunca cedió su autoridad como contralor.
“La expresión coloquial me someto a ti no le confiere ninguna autoridad, estaba referido a que escuche mis razones y obre según su recto criterio. En el audio de la reunión termino diciendo me someto a la justicia luego de la evaluación, no le digo me someto a ti”, indicó.
Alarcón, asimismo, dijo que no hubo inconducta funcional en las operaciones comerciales que sostuvo con el consultor Juan Carlos Capcha, quien era proveedor de la Contraloría. Refirió que no tuvo vínculo funcional ni administrativo con esa persona.
Lo mismo afirmó en el caso de las omisiones a su declaración jurada de bienes y rentas. Sostuvo que todas sus declaraciones las presentó en la fecha que corresponde y las modificaciones que hizo el 16 de junio de 2017, no están referidas a su patrimonio sino a sus dependientes por razones familiares.
En el caso de
su título de Contador Público, que según la Universidad San Agustín de Arequipa, obtuvo en forma fraudulenta, Alarcón argumentó que era una pena que dicha casa de estudios haya extraviado los documentos que presentó para obtener ese documento.
“Esta es mi verdad, por cinco semanas he sido cortina de humo para malas obras, muerte de inocentes en incendios, de soldados ahogados, inseguridad ciudadana, el crecimiento de 0.17 % del PBI en abril”, apuntó.
El grupo especial que presidió el congresista Marco Arana atribuye al contralor haber incurrido en inconducta funcional en todos estos cinco casos y
recomienda su remoción al considerar que el contralor debe tener una conducta incuestionable.
Tras la presentación del contralor y de su abogado defensor, se inició el debate de los parlamentario y se podrá a voto el informe.
(FIN) FHG/CCR
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Publicado: 3/7/2017