El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), informó que la renuncia irrevocable de Jaime Dupuy y Pablo Delgado a la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) responde a decisiones estrictamente personales, como consecuencia de las constantes amenazas y llamados a la violencia, los cuales se tradujeron en la colocación de explosivos en el frontis del ente técnico.
Indecopi precisó que en más de una ocasión se han presentado denuncias ante la Policía Nacional del Perú por seguimientos a diferentes funcionarios, al punto que se han tenido que solicitar garantías personales.
La CCO lleva a cabo procedimientos de diferentes empresas que se encuentran en una situación financiera difícil, incluyendo a cinco clubes de fútbol que se acogieron a un procedimiento concursal especial. Cuatro de ellos llevan sus casos en línea de las decisiones y acuerdos que vienen asumiendo sus respectivas juntas de acreedores.
Sin embargo, en el caso del Club Universitario de Deportes, la falta de acuerdos entre los acreedores mayoritarios ha devenido en entrampamientos legales. Así, la falta de decisión (que es exclusiva de los acreedores reunidos en junta), motivó que el referido club deje el régimen especial para ingresar al régimen ordinario, donde se encuentra actualmente.
Asimismo, algunos grupos radicales de hinchas del club han incurrido en diferentes protestas, marchas y abiertas amenazas a los funcionarios que llevan adelante el procedimiento concursal del club deportivo al punto que, de acuerdo a las primeras investigaciones policiales, un presunto integrante de la facción “Trinchera norte” habría colocado una bomba molotov, municiones y una corona de flores en el frontis de la sede principal de la institución.
El Indecopi reitera su rechazo a todo acto de violencia, así como también exige a las autoridades competentes llegar al fondo de las investigaciones para identificar y sancionar drásticamente a los responsables de estos lamentables hechos.
La institución lamenta que hechos extralegales motiven que buenos funcionarios tengan que alejarse, en perjuicio de los procesos que lleva adelante. Pero a la vez, garantiza que los mismos seguirán ventilándose en estricto cumplimiento de la ley y con total autonomía y criterio técnico.