Con el propósito de promover la inclusión financiera de los extranjeros en el país, la Superintendencia Nacional de Migraciones presentó al Comité Consultivo de Inclusión Financiera de la Población Refugiada y Migrante, que articulará esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil para elaborar propuestas normativas que impulsen el acceso y uso de los servicios y productos financieros por parte de los migrantes.
Asimismo, establecerán lineamientos y estrategias dirigidas a la eliminación de las barreras burocráticas de acceso al sector financiero para las personas extranjeras en condición migratoria regular en Perú, con igualdad de oportunidades, acorde a estándares internacionales en derechos humanos.
A la fecha, los ciudadanos extranjeros representan el 5.3 % del total de la población en Perú y existe un bloque importante en edad adecuada para trabajar y desarrollar actividades laborales formales. De esta manera, pueden aportar con la economía y el desarrollo del país.
Durante el lanzamiento, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, calificó la inclusión financiera de los migrantes de un “puente”, que conecta la regularización con una verdadera y real oportunidad de integración económica.
“La inclusión financiera y la incorporación de los migrantes en la economía formal, es también una forma de combatir la economía ilegal de las organizaciones delincuenciales transnacionales, que se aprovechan de la vulnerabilidad económica de los migrantes”, manifestó García Chunga.
Añadió que la inclusión financiera posibilita que las personas extranjeras puedan apalancarse para generar empleo, crear emprendimientos y aportar a la economía del país. Asimismo, contribuye a la seguridad al abrir las puertas a los migrantes al sector financiera formal.
El comité consultivo está integrada por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Woccu), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Corporación Financiera Internacional (IFC), entre otros.
Además, de representantes de la banca y entidades financieras, aseguradoras y funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos.
Cabe señalar que un diagnóstico de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) sobre el acceso al sistema financiero de la población refugiada y migrante indica que el 87 % de la población encuestada dijo contar con productos financieros en Venezuela, por lo que podrían ser incorporados en la economía peruana para evitar la informalidad.