El abogado especialista en derecho laboral, Jorge Toyama, señaló hoy que la informalidad es el segundo problema con mayor importancia en el país después de la corrupción, pues no existe una política clara que la erradique y promueva la formalidad.
Agregó que en el Perú no es un problema mayor tener trabajo, pues la tasa de desempleo está alrededor de 5%, sin embargo, es difícil encontrar un puesto laboral formal con todos los requisitos indispensables.
“El problema es contar con un trabajo en planilla o con un seguro de salud. En nuestro país es más importante el DNI que un carnet de seguro”, manifestó Toyama durante el programa Mirada Económica de Andina Canal Online.
Asimismo, el abogado laboralista refirió que existen diferentes razones por la cuales las empresas y personas en general deciden ser informales, como temas culturales, excesivos requisitos legales y, principalmente, la falta de una política clara sobre esta realidad.
“Más allá de una norma, necesitamos una política clara que sostenga, promueva y acompañe la formalidad”, remarcó durante la mesa redonda como antesala al CADE Ejecutivo 2018 que se desarrollará entre el 28 y el 30 de noviembre en Paracas.
En ese sentido, indicó que una microempresa que es formal no tiene ventajas económicas y al serlo podría tener incentivos como acceder a créditos blandos a través de las instituciones financieras del Estado.
Además, para fomentar que las Mypes y Pymes pasen de la informalidad a la formalidad podría establecerse que aquellos trabajadores que cuenten con seguro puedan obtener ayuda económica en programas de viviendas sociales como Techo Propio.
“Existen varias formas de atraer la formalidad más allá de una fiscalización o inspección”, sostuvo Toyama.
Lea también:
Despolitización del sueldo mínimo
Por otro lado, el especialista manifestó que la evaluación del salario mínimo debería despolitizarse y estar dentro de un plan a largo plazo.
“Cuando un presidente necesita puntos en su nivel de probación, lo salarios mínimos se evalúan y suben”, dijo Toyama.
En ese sentido, refirió mediante una norma se debería formalizar la evaluación de la remuneración mínima vital cada dos años, y su nivel de acuerdo a regiones o tamaño de empresas.
Lea también:
Más en Andina:
(FIN) ECS/RGP
Publicado: 19/11/2018