Así lo informó Ruth Shady, directora de la ZAC Caral, quien ayer asistió a una reunión en el Ministerio de Justicia para conocer el estado de la denuncia presentada por la procuraduría de ese portafolio por oponerse a la subasta del inmueble ubicado en La Molina y que es ocupado por el Proyecto Caral.
La procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicó a Shady que establecerá acciones ante el Ministerio Público para que evalúe si corresponde archivar la denuncia que presentó la referida procuraduría contra Shady por oponerse a la subasta del inmueble que ahora pertenece a un particular y ya no al Estado.
Según la procuraduría, la denuncia se presentó debido a que el inmueble no fue desocupado oportunamente, pese a que en su momento y en diversas ocasiones se realizaron las notificaciones respectivas a la Unidad Ejecutora Caral, dando cuenta que la asignación temporal realizada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) a favor de la ZAC había culminado hace unos años.
Shady lamentó la denuncia en su contra por peculado doloso. "Cómo es posible que me denuncien como si fuera una delincuente por proteger el patrimonio cultural. Ahora el procurador dice que ellos no pueden hacer nada y que todo depende de la Fiscalía", aseveró.
Confirmó que el Ministerio de Cultura le ofreció trasladar la oficina del Proyecto Caral al sexto piso del edificio de San Borja, pero afirmó que no se cuenta con presupuesto para acondicionar el espacio y para el traslado de valioso material de investigación.
"Deberíamos estar concentrados en la investigación arqueológica, pero ahora debemos afrontar esta denuncia que nos tiene estresados", acotó.
La investigadora afirmó que espera conseguir los recursos para trasladar la oficina y que se brinde el apoyo necesario para proteger el patrimonio arqueológico y continuar con la investigación.
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