La Procuraduría General del Estado (PGE), a través de su Centro de Formación y Capacitación, inauguró su primer seminario del año titulado “Defensa Jurídica del Estado y Arbitraje”, el cual congregó a más de 200 procuradores y abogados encargados de la defensa jurídica del Estado de todas las regiones del país.
El evento, que marca el inicio del plan de capacitaciones 2025, permitió un análisis estratégico sobre la defensa del Estado en el ámbito arbitral, abordando desde la elaboración de estrategias hasta la anulación de laudos, con el aporte de destacados expertos nacionales e internacionales.
Compromiso con la capacitación
En la ceremonia, la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca, destacó que la capacitación es un pilar fundamental en la defensa jurídica del Estado y anunció la realización de cuatro eventos especializados en materia arbitral a lo largo del año, así como la organización del Primer Congreso Internacional de Arbitraje con participación del Estado, a realizarse en octubre.
También enfatizó la necesidad de visibilizar el trabajo de los procuradores públicos y consolidar la legitimidad del sistema de defensa jurídica, destacando que están “fortaleciendo nuestras estrategias y logrando resultados concretos en la protección del Estado”.
Aportes de los expertos
El seminario contó con ponencias de expertos en arbitraje, entre ellos Rebeca Salemma Miranda, procuradora delegada de Paraguay, quien abordó el impacto del arbitraje comercial e inversionista en la estabilidad jurídica de los Estados. En su exposición, explicó que “la clave para evitar procedimientos paralelos y fallos contradictorios radica en una estrategia de defensa clara y en el respeto a los estándares internacionales”.
Por su parte, David Ortiz Gaspar, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desarrolló una exposición sobre la estrategia de defensa en arbitraje, diferenciando entre enfoques preventivos y reactivos.
Destacó la importancia de una adecuada redacción de cláusulas arbitrales, señalando que “el Estado debe dejar de actuar solo de manera reactiva y empezar a blindar sus contratos desde su redacción inicial”.
También subrayó la necesidad de fortalecer las competencias de los procuradores en la selección de árbitros y centros de arbitraje, para garantizar procesos más justos y equilibrados.
Karina Palomino Giurcovich, procuradora del Ministerio de Vivienda, abordó el arbitraje de emergencia, destacando los desafíos y riesgos que conlleva, y subrayó la necesidad de regular su aplicación en el contexto de contratación pública. “Hemos enfrentado medidas arbitrales desproporcionadas que afectan la ejecución de proyectos estratégicos. Es urgente establecer criterios uniformes para su aplicación”, indicó.
Finalmente, María del Carmen Márquez Ramírez, procuradora del Ministerio de Educación, profundizó en la anulación de laudos arbitrales, resaltando la importancia de una correcta fundamentación para lograr resoluciones favorables en instancias judiciales. “No basta con señalar errores en un laudo, debemos sustentar nuestras anulaciones con argumentos sólidos que evidencien vulneraciones procesales”, señaló.
El seminario culminó con el compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de los procuradores públicos y generar espacios de diálogo sobre los principales retos en la defensa jurídica del Estado.
(FIN) NDP/MCA/JCR
JRA
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Publicado: 5/2/2025